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La Corte Constitucional en Colombia está debatiendo si levanta la prohibición judicial a la aspersión de glifosato en la fumigación aérea de cultivos ilícitos de coca, una decisión que no parece tener posibilidad de resolver los problemas que la coca genera en el país.

A comienzos de marzo, la corte anunció que acogería la solicitud del presidente Iván Duque de una audiencia para debatir si se levanta la prohibición decretada en 2015 sobre la aspersión aérea de cultivos de coca con el herbicida glifosato.

“Nos hemos ido quedando sin las herramientas necesarias para enfrentar la más grande amenaza al orden constitucional en muchos lugares del territorio nacional”, manifestó Duque defendiendo la modificación de la prohibición en sus intervenciones durante la audiencia del 7 de marzo. Añadió que dicha decisión “le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales”.

El fiscal general de Colombia Humberto Martínez y el ministro de defensa Guillermo Botero respaldaron la petición de Duque a la Corte Constitucional para que permita reactivar el uso del glifosato en la fumigación aérea, argumentando que los actuales métodos en uso han sido inefectivos.

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De otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos criticó el “alto costo humano” de la erradicación forzada y la falta de atención que supone levantar la prohibición del glifosato en una de las principales amenazas de la erradicación de cultivos de coca: que los campesinos vuelvan a plantarlas.

La “resiembra era y es muy alta —superior al 60 por ciento en algunos casos— no solo porque no se tenía control del territorio, sino porque los campesinos simple y llanamente no tenían alternativa diferente a la de volver a sembrar [las plantas de coca]”, anotó el expresidente.

En 2015, la administración Santos interrumpió el uso del glifosato producido por Monsanto para fumigar los sembrados de coca. Las autoridades colombianas y estadounidenses han pedido que se reactive su uso en los años que han pasado, a pesar de los hallazgos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el herbicida tiene “conexión con el cáncer”.

Otros detractores del uso del glifosato y de la erradicación forzada de cultivos de coca se unieron a las declaraciones de Santos, argumentando que los costos humanos y la vulnerabilidad de las cuadrillas de erradicadores deben llevar al gobierno a “repensar seriamente” una mejor forma de abordar el problema que supone para el país la siembra de coca y la producción de cocaína asociada a la primera.

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La extensión de tierras usadas para el cultivo de coca —materia prima para el procesamiento de la cocaína— y la producción total de cocaína en Colombia han presentado un aumento sostenido desde 2013. Un récord de 171.000 hectáreas se dedicaron al cultivo de coca en 2017, lo que contribuyó a poner a Colombia como mayor productor mundial de cocaína con 1.379 toneladas de la droga, un incremento de 31 por ciento en comparación con el año anterior, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD).

Análisis de InSight Crime

La administración Duque en Colombia está convencida de que, sin importar sus fracasos anteriores y los altos costos humanitarios, el retorno a la fumigación aérea usando glifosato es la única forma de ayudar a frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína sin precedentes en el país andino, algo que su predecesor fue incapaz de controlar.

“Esta no es una decisión sobre un herbicida, la verdadera discusión es sobre los riesgos y amenazas que enfrenta el país”, subrayó Duque.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, salió en defensa del presidente, explicando que “los cultivos ilícitos en Colombia huelen a sangre y crimen”. El gobernador añadió que el gobierno está “perdiendo la guerra en la erradicación de los cultivos ilícitos”.

Los sembrados de coca en Antioquia fueron relativamente bajos en comparación con los principales departamentos productores de cocaína, Nariño y Putumayo, en 2006 y 2007, época en que arreció la fumigación de cultivos de coca por parte del gobierno.

Desde entonces, sin embargo, el cultivo de coca en ese departamento del noroeste de Colombia ha exhibido un salto de 6.096 hectáreas, en diciembre de 2008, a 9.343 hectáreas, en diciembre de 2016, que se incrementaron en otro 55 por ciento, a 13.681 hectáreas, en diciembre de 2017, según la ONUDD.

En particular, la región del Bajo Cauca en Antioquia ha sido escenario de brutales enfrentamientos por tráfico de drogas y otras actividades ilícitas entre Los Urabeños y una red de disidentes ex-FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—), del frente 36, alineados con una disidencia conocida como Los Caparrapos.

No obstante, aunque la fumigación aérea pueda producir una disminución a corto plazo de los cultivos de coca, los sembrados se han recuperado en el largo plazo, pues en respuesta a ello, los campesinos resiembran y cultivan más plantas de coca, a la vez que implementan otras estrategias para ajustar sus crecientes operaciones como consecuencia del aumento en la erradicación forzosa.

Esto lo saben mejor que nadie los habitantes de los departamentos de Nariño y Putumayo, suroeste de Colombia, quienes según la ONUDD, fueron los departamentos con mayor producción de cocaína en el país, con casi el 50 por ciento de su superficie total usada para el cultivo de coca en 2017.

“La erradicación humana nos ha costado lo más valioso: las vidas humanas. Policía y campesinos han perdido la vida en labores de erradicación”, se pronunció el gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, argumentando que una solución efectiva sobre el de glifosato es la sustitución de cultivos de coca.

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En efecto, nueve civiles fueron asesinatos y otros 18 salieron heridos en un enfrentamiento ocurrido en octubre de 2017 a causa de la erradicación forzada de cultivos de coca por parte del gobierno en la ciudad de Tumaco, sobre el Pacífico. Otros civiles y funcionarios públicos también han caído muertos en la erradicación de cultivos por la fuerza en este departamento estratégico para la delincuencia.

La gobernadora de Putumayo Sorrel Aroca agregó que los pequeños cultivadores siguen esperando que el gobierno “les cumpla lo prometido en los programas de sustitución de cultivos”, incluidos en el acuerdo de paz con las FARC.

Conocido como Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la violencia criminal, las tensiones entre cocaleros y observadores de la ONU, más la falta de presencia estatal y la lentitud del gobierno en la implementación de elementos claves del programa han amenazado su aplicación.

Incluso, las agresivas metas de erradicación de coca y la negligencia del gobierno en el pago a las familias que se acogieron al programa PNIS también han puesto en riesgo su éxito.

Algunos informes indican que la sustitución voluntaria de cultivos es más efectiva que la erradicación forzada en lo que se refiere a la resiembra de plantas de coca por parte de los campesinos. Un estudio reciente de las Naciones Unidas, por ejemplo, halló que el 35 por ciento de los pequeños sembradores resiembran las plantas de coca luego de que las fuerzas de seguridad las erradican por la fuerza. Pero cuando las comunidades hacen la sustitución voluntaria, solo el 0,6 por ciento de sembradores vuelven a plantar, informó El Tiempo.

Sin embargo, lo que se ha perdido en el debate maniqueo por un retorno al uso del glifosato es la complejidad de la lucha contra el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia, y la necesidad de una estrategia en múltiples frentes con un enfoque a largo plazo. Si el gobierno no puede garantizar la protección de los pequeños sembradores ante los poderosos grupos criminales, y si los pequeños sembradores no tienen alternativas viables a los cultivos de coca que les permitan ganar un salario digno, la lucha del país contra la droga parece condenada a perpetuarse.

*Este artículo se redactó con la colaboración del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado, de InSight Crime.

(Arriba: Fotografía AP/Fernando Vergara) 

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