Otra muerte anunciada: la MACCIH se va de Honduras

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El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández acaba de anunciar que la misión internacional anticorrupción en Honduras no continuará sus labores. Fue el golpe de gracia para una institución cuyas posibilidades de mantener su influencia, así como su capacidad para apoyar investigaciones complejas, menguaron luego de que se interpusiera en el camino de las élites del país, incluido el presidente mismo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó el fin de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) luego de que fracasaran las negociaciones entre la OEA y el gobierno hondureño en los términos de renovación del mandato de la misión, según el comunicado divulgado el 17 de enero.

El anuncio se conoció tras un largo periodo de zozobra en el que el futuro de la MACCIH se debatió tanto en el Congreso nacional como en los pasillos del poder Ejecutivo.

El 10 de diciembre pasado, el Congreso emitió una recomendación de descontinuar la MACCIH. Uno de sus argumentos consistió en que la misión se había excedido en sus atribuciones y había violado principios y garantías constitucionales. Entre los diputados que votaron por acabar con la MACCIH se encontraban varios investigados por el ministerio público local, con ayuda de la misión, por supuestos actos de corrupción.

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Uno de los puntos de desacuerdo, según la OEA, fue la negativa del gobierno a permitir que se mantuviera en los mismos términos la colaboración entre la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), la fiscalía especial que encabezó las investigaciones más relevantes de la misión.

Dos fuentes conocedoras de las negociaciones, que hablaron con InSight Crime bajo la condición de que se mantuviera su anonimato por no estar autorizadas a hablar en público sobre el proceso, señalaron que las reformas a la UFECIC, cuyo trabajo con la MACCIH permitió abrir casos por corrupción contra miembros influyentes del gobierno, se impusieron en las conversaciones los días previos al 19 de enero, fecha límite de renovación de la MACCIH.

Las investigaciones de alto perfil que realizó la unidad anticorrupción incluyeron el caso Pandora, en el que se acusó a 38 personas, incluyendo a funcionarios de los partidos Nacional y Liberal, de desviar cerca de US$12 millones del erario público. Parte del dinero robado de las arcas del gobierno ingresó a la primera campaña presidencial del presidente Juan Orlando Hernández de acuerdo con las investigaciones, y la primera dama, Ana García de Hernández, fue vinculada a una empresa salpicada por el caso.

Según una de las fuentes consultadas, al no haber un acuerdo sobre la UFECIC, la negociación entre la administración de Hernández y la OEA se estancó y eventualmente terminó dinamitada.

Al desaparecer la MACCIH, la suerte de la UFECIC es incierta. El diputado hondureño Tomás Zambrano señaló que la disolución de la MACCIH también supone el fin de la unidad de fiscales especiales. Por lo pronto, juristas expertos explicaron que la unidad no depende de la MACCIH, y el jefe de esa unidad, Luis Javier Santos, afirmó que esta proseguirá con las investigaciones que tiene abiertas.

Análisis de InSight Crime

La hora final de la MACCIH parece la conclusión lógica de un camino que siempre estuvo marcado por el pleito sordo entre la reticencia del Estado hondureño a dotarla de demasiado poder y la insistencia de los patrocinadores internacionales en que la misión continuara en Honduras, sobre todo la OEA y el gobierno de Estados Unidos, que siempre insistió en su permanencia.

Desde el principio, el gobierno de Juan Orlando Hernández apostó por una misión mucho menos incisiva que la creada finalmente en 2015. Durante las negociaciones iniciales para la creación de la MACCIH aquel año en Washington, la delegación hondureña se opuso a que el acuerdo con la OEA incluyera la llegada de un grupo de investigadores internacionales que ayudarían a la fiscalía local en investigaciones complejas y pidieron que la misión tuviese solo capacidades de asesoría técnica.

Finalmente, empujado por la presión de la administración Obama y de senadores demócratas y republicanos en Washington —que entonces condicionaron importantes paquetes de ayuda económica para el Triángulo Norte de Centroamérica al apoyo que los países de la región dieran a iniciativas como la MACCIH o la CICIG en Guatemala—, el presidente Hernández terminó cediendo.

No bien se instaló, la MACCIH tuvo que enfrentar diversos obstáculos. Tuvo que buscar financiación sobre la marcha; sus líderes instalados en Honduras carecían de control pleno sobre las decisiones de nombramiento de personal, y estaba “altamente supeditada” al fiscal general de Honduras, según halló un informe del Centro para Estudios Latinos y Latinoamericanos (CLALS) de American University, escrito por el catedrático en ciencia política Charles Call y publicado en 2018.

En febrero de 2018, unos dos años después de la creación de MACCIH, dimitió su jefe, el juez peruano Juan Jiménez. En su carta de renuncia, señalaba que la misión anticorrupción enfrentaba recursos limitados e interferencia del congreso hondureño, el cual había aprobado una ley que blindaba completamente a los funcionarios públicos frente a investigaciones por corrupción. Jiménez también alegó que el secretario general de la OEA Luis Almagro anteponía sus intereses políticos al buen funcionamiento de la MACCIH, señalamiento que motivó un rifirrafe público entre ambos.

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Pese a esos obstáculos, la MACCIH ha logrado adelantar casos de corrupción de alto nivel. Por ejemplo, contribuyó a garantizar la sentencia de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del desprestigiado expresidente Porfirio Lobo, por cargos de fraude y malversación. El caso Pandora, no obstante, se estancó y se fue a pique.

Según el comunicado de la OEA, en sus cuatro años de actividades, la MACCIH contribuyó en procesos contra 133 personas y en 14 casos.

La disolución de la MACCIH no es un buen augurio para la lucha contra la corrupción en una región asediada por los malos manejos de la administración pública. Su desaparición ocurre pocos meses después del cese definitivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019. El organismo anticorrupción, avalado por la ONU, cuyo éxito marcó la pauta para la creación de la misión hondureña, había quedado bajo el asedio de las élites políticas y empresariales guatemaltecas que fueron investigadas por actos de corrupción.

Entretanto, Hernández siempre se mostró evasivo frente al apoyo del poder ejecutivo a la renovación de la MACCIH. Después de que a comienzos de diciembre, la OEA entregara un informe, donde se recomendaba la continuidad de la MACCIH, Hernández respondió que esperaría a las negociaciones en enero para presentar la posición del gobierno. Cuando las negociaciones fracasaron, el anuncio lo hizo el secretario de relaciones exteriores de Honduras.

Tras la terminación de la misión, el presidente Hernández afirmó que su gobierno seguía comprometido con la lucha anticorrupción.

Dados los antecedentes del gobierno hondureño, la reticencia de los gobiernos de los países del Triángulo Norte de investigar la corrupción de sus aliados políticos y la actual pasividad de Estados Unidos frente al tema, las declaraciones de Hernández suenan falsas para los críticos que lo consideran el mayor culpable, junto con otros funcionarios, por la desaparición de la MACCIH.

Tal como ocurrió con sus vecinos, una vez más Honduras se queda sola en la lucha contra la corrupción, claro, si decide emprender esa lucha.

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