Las autoridades en Colombia han confiscado propiedades ligadas al grupo guerrillero FARC, cuyo valor estimado se suma a la evidencia de que los insurgentes ahora desmovilizados no declararon todos sus activos, lo que contraviene parte del acuerdo de paz de 2016, destinado a la reparación de las víctimas.
El 19 de febrero, la Fiscalía General de la Nación en Colombia anunció en un comunicado de prensa el arresto de varias personas en conexión con un presunto esquema para lavar cientos de millones de dólares a lo largo de dos décadas usando una cadena de supermercados ligada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las autoridades confiscaron bienes avaluados en más de 650 mil millones de pesos colombianos (alrededor de US$234 millones), incluyendo cinco empresas, 60 supermercados, 70 cuentas bancarias, numerosas propiedades residenciales y comerciales y más de dos docenas de vehículos, según el comunicado de prensa.
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Parte de los activos retenidos recientemente era supuestamente de propiedad de la familia Chaux González, quienes actuaban como testaferros de Tomás Molina Caracas, alias “Negro Acacio”, principal recaudador de fondos del bloque Oriental de las FARC hasta su muerte en 2007.
Los 15 mil millones de pesos colombianos (alrededor de US$5,4 millones) en bienes embargados a la familia Chaux González fueron adquiridos con dinero entregado a la familia por Negro Acacio, según el comunicado. Los bienes fueron presuntamente producto de actividades de narcotráfico emprendidas por el patriarca de la familia José Hugo Chaux Cuéllar y la antigua guerrilla.
Análisis de InSight Crime
La escala del embargo de bienes en conexión con las FARC puede reforzar la percepción de que el grupo insurgente no está comprometido totalmente con los términos del acuerdo de paz, en particular en lo que respecta a usar esos activos para reparar a las víctimas.
Como parte del acuerdo de paz, las FARC hicieron una lista del valor total de sus activos en US$332 millones. Sin embargo, como InSight Crime ha informado, es muy probable que elementos disidentes de la guerrilla no declararan la totalidad de sus bienes.
El embargo —en un solo operativo— de bienes por valor de cerca del 70 por ciento del patrimonio declarado por las FARC se suma a la fuerte evidencia de que la verdadera riqueza del grupo es muy superior a lo que se declaró.
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La creciente especulación de que las FARC están incumpliendo los términos del acuerdo de paz podría también tener repercusiones en las elecciones presidenciales previstas para mayo.
Los opositores al acuerdo de paz con las FARC llevan largo tiempo afirmando que no puede contarse con que el grupo insurgente honre su parte del acuerdo. Este asunto de los activos no declarados de las FARC puede dar motivos a los críticos del acuerdo, además de afectar el vehículo político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC de los insurgentes desmovilizados, que ya presenta dificultades.