Como en los días más aciagos del conflicto civil en Colombia, los grupos armados de todo el país continúan reclutando y explotando adolescentes. En esta primera entrega de una investigación de tres partes realizada por InSight Crime en torno al reclutamiento de menores en Colombia por grupos criminales e insurgentes, exploramos dónde y cómo esto se lleva a cabo.
La investigación involucró decenas de entrevistas con menores reclutados, líderes comunitarios, activistas y funcionarios del gobierno local. Algunos nombres han sido modificados con el fin de proteger la identidad de las personas.
Santiago estaba sentado en un columpio en un parque de Bogotá.
«Maté por primera vez cuando tenía 14 años», dijo sin hacer contacto visual.
Permanecía quieto mientras hablaba, excepto por sus pies, que se balanceaban sobre el polvo.
Santiago había sido reclutado por Los Caparros, un grupo criminal que opera en el Bajo Cauca, región que abarca media docena de municipios al norte del departamento de Antioquia. Más tarde se convirtió en sicario del grupo.
«Me gustaría no haber asesinado gente. Es algo con lo que vivo todos los días», dijo.
Santiago, quien tenía 16 años cuando habló con InSight Crime, pertenece a una nueva generación de reclutas adolescentes, que las autoridades esperaban que nunca volverían a aparecer, luego de la desmovilización del mayor grupo guerrillero del país en 2016.
Pero al igual que en los días más aciagos del conflicto civil interno, los grupos armados de todo el país, incluidos los remanentes de la guerrilla, continúan alistando y explotando a adolescentes de ambos sexos. A principios de marzo, el ejército colombiano bombardeó un campamento de exguerrilleros. Entre los muertos había al menos dos menores de edad.
El gobierno colombiano respondió a las críticas después del bombardeo, diciendo que «había seguido el protocolo», y el ministro de Defensa se refirió a los niños reclutas como “máquinas de guerra”.
Santiago, quien habló con InSight Crime en una escuela para menores excombatientes en Bogotá meses antes del bombardeo militar en Colombia, dijo que le atraían las armas, pero también el sentido de pertenencia.
“Cargar un arma me hizo sentir poderoso. Me dio un propósito», explica Santiago. «Mis profesores siempre me hacían sentir inútil. La banda me hizo sentir mejor”.
La cantidad de jóvenes reclutados por grupos armados en Colombia ha aumentado constantemente después de los acuerdos de paz de 2016. La Defensoría del Pueblo del país emitió 165 alertas entre 2017 y 2020, llamando la atención sobre situaciones en las que niños, niñas y adolescentes han sido seducidos para tomar las armas u obligados a hacerlo. La Defensoría afirma que el número de menores actualmente involucrados con grupos armados se encuentra en el nivel más alto desde antes del proceso de paz del país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que culminó con un acuerdo en 2016.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) ven tendencias similares. COALICO (Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia), un conjunto de siete ONG que se dedican a monitorear y prevenir el reclutamiento de menores, dijo a InSight Crime que alrededor de 220 menores fueron reclutados el año pasado, en comparación con 200 durante 2019 y 270 en 2018.
«Las cifras suelen ser constantes», dijo Julia Castellanos, investigadora de COALICO, en comunicación con InSight Crime.
Sin embargo, muchos casos de reclutamiento de menores a menudo no se denuncian, añade Castellanos.
Bajo Cauca y Vaupés, centros de reclutamiento
Los datos recopilados por InSight Crime muestran que las áreas más preocupantes desde 2016 son el Bajo Cauca y el departamento de Vaupés, este último en la región amazónica.
Las razones siguen siendo similares: necesitan cuerpos. En el Bajo Cauca, el lugar donde fue reclutado Santiago, una guerra territorial por la producción de coca y la extracción ilegal de oro entre Los Caparros y sus antiguos maestros criminales, Los Urabeños, ha dejado cientos de muertos desde que estalló en 2017. En Vaupés, ubicado en el extremo suroeste del país, en la frontera con Brasil, los excombatientes de las FARC han estado reclutando, a la vez que expanden su control territorial.
En noviembre del año pasado, 18 adolescentes fueron arrebatados de la remota comunidad de Carurú, en el oeste de Vaupés. Facciones disidentes de las FARC llegaron al municipio, advirtiendo a los padres que tenían que entregar a sus hijos mayores, y ni las familias ni las autoridades locales pudieron oponerse.
Pero no todos los menores en esta situación han sido reclutados por la fuerza. Esta investigación, que se realizó mediante trabajo de campo en ocho departamentos, identificó una amplia gama de factores sociales, emocionales, ambientales y criminales que pueden llevar a los jóvenes a vincularse a los grupos armados.
Los niños, niñas y adolescentes reclutados suelen ser de barrios pobres con muchos problemas de criminalidad. A menudo, el solo hecho de ofrecerles un plato de comida de manera regular puede ser suficiente para que se sientan tentados a vincularse, y la promesa de un salario los convence para quedarse. En el Bajo Cauca, por ejemplo, los grupos paramilitares les están ofreciendo a los niños un salario de dos millones de pesos para que se unan a su causa criminal.
«Me vinculé porque quería mantener a mi familia», dice Santiago, quien solo entonces levantó la vista por primera vez durante la conversación. «Al menos eso es lo que uno piensa al principio. Pero la vida de repente se vuelve más difícil. Uno se da cuenta de que está atrapado».
Peones del crimen organizado
La desmovilización de las FARC en 2016 dejó un vacío en el hampa colombiano, que motivó el crecimiento de facciones criminales y reabrió viejas heridas.
Las comunidades rurales de toda Colombia son las que están en mayor riesgo por la rápida evolución de los grupos armados que se enfrentan por el control del narcotráfico y el contrabando en las fronteras con Venezuela y Ecuador, ajustan viejas cuentas en las antiguas zonas de las FARC y luchan contra las campañas armadas del gobierno.
Esta fragmentación ha generado enfrentamientos armados disparejos y localizados, en los que los jóvenes quedan como blancos fáciles para los grupos que buscan reponer sus bajas.
El Bajo Cauca ha padecido una rivalidad especialmente violenta entre Los Caparrapos, Los Urabeños, varios grupos disidentes de las FARC, y el último grupo insurgente que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Es una guerra. Cuanto más grande sea el grupo, mayores serán las posibilidades de ganar. Eso es lo que solían decirnos. Por eso escogen niños», dice Santiago.
Al otro lado del país, los grupos que alguna vez pertenecieron a las FARC están actualmente en una feroz competencia y suelen reclutar menores. En el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, dos antiguos frentes de las FARC se están disputando la producción y el tráfico de cocaína.
En fotos mostradas a InSight Crime aparecen los que serían los cuerpos de tres adolescentes integrantes de estos grupos y que murieron en combate entre estas dos facciones en 2019. Otros ocho niños y adolescentes reclutados por las ex-FARC murieron en Caquetá durante un ataque aéreo de la fuerza aérea colombiana en agosto del mismo año.
«Los niños son útiles en todas las etapas del proceso de la cocaína», dijo un exnarcotraficante a InSight Crime. «Ellos recolectan hojas, procesan la pasta y pueden mover el producto fácilmente por todo el país. También pueden ir armados para enfrentarse a rivales. Son los peones del narcotráfico».
Alcohol y secuestro en Vaupés
En Vaupés, los antiguos frentes de las FARC van tras niños, niñas y adolescentes, a medida que establecen nuevas rutas de narcotráfico hacia Brasil.
Esta remota región está conformada por vastas vías fluviales que sirven como arterias de tráfico para grupos que buscan enviar cocaína y marihuana a Brasil. Funcionarios locales entrevistados por InSight Crime dijeron que en la zona existe una nueva asociación criminal entre el antiguo Frente Primero de las FARC y la Familia del Norte, una pandilla carcelaria brasileña, lo que ha llevado a un aumento en la cantidad de drogas y contrabando que pasa por Vaupés.
«Necesitan guías, gente que conozca el territorio. Por eso van tras los niños indígenas», dice Alfredo, residente de Wacurabá, una comunidad indígena en Vaupés, quien no quiso dar su apellido por temor a represalias.
Alfredo viajó durante seis días desde Wacurabá hasta Mitú, la capital del departamento, para denunciar el reclutamiento de su hermano Ángel, de 17 años, quien, según Alfredo, se marchó con disidentes de las FARC en enero de 2019. Alfredo tardó un año en ahorrar suficiente dinero para el viaje. Dada la ausencia de carreteras en Vaupés, los viajes se realizan en barco o en costosos vuelos chárter.
«Hicieron una fiesta en el pueblo. Emborracharon a todos e impresionaron a los adolescentes con historias de guerras y armas. Sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, los disidentes convencieron a Ángel de que se les uniera, se levantaron y se fueron», narra Alfredo.
Dos días después, los guerrilleros volvieron con Ángel al pueblo para que recogiera sus pertenencias. Como ya estaba sobrio, había cambiado de opinión. Pero ya no importaba.
«Él lloraba. Ya no se quería ir. Pero los hombres armados que venían con él dijeron que había hecho un compromiso y que lo matarían si se negaba a volver con ellos», explicó Alfredo.
Indefensa, la familia de Ángel apenas podía ver cómo se lo llevaban.
Un sistema de reclutamiento
Al parecer, los reclutadores que se llevaron a Ángel tenían un sistema. Varios habitantes de Vaupés entrevistados por InSight Crime dijeron que un joven de unos veinte años se encargaba de reclutar niños y adolescentes. Viajaba con un grupo, todos los cuales vestían de civil.
Armaban campamentos en estas comunidades a lo largo de las selvas tropicales en las principales rutas de tráfico hacia Brasil, organizaban fiestas y seleccionaban a sus víctimas, según cuentan los residentes. Como en el caso de Ángel, los menores son atiborrados de licor para luego ser llevados a la selva.
Sin embargo, lugares como Vaupés no son una prioridad del gobierno. De hecho, el reclutamiento de menores suele llevarse a cabo en lugares aislados, y los familiares deben hacer esfuerzos para hacer el largo viaje y reportar el caso.
Incluso si logran hacer el viaje, la profunda desconfianza hacia las autoridades puede desanimarlos. A pesar del largo y arduo viaje de Alfredo, el escepticismo se apoderó de él.
«De todos modos, no harán nada, entonces no vale la pena. Lo puedo ver en sus caras. Quizá nunca vuelva a ver a mi hermano. Tengo que aceptarlo, así sea muy doloroso», dijo a InSight Crime.
Al final, Alfredo decidió no decirles nada a las autoridades sobre el reclutamiento forzoso de su hermano.
* Mathew Charles es periodista e investigador independiente del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, de la Universidad del Rosario en Bogotá
Imagen superior: Niños excombatientes en su escuela en Bogotá (Foto de Mathew Charles)
**Una versión anterior basada en informes de los medios de comunicación decía que había hasta 10 muertos en los bombardeos de Colombia cuando hubo dos muertos.