En el nuevo informe anual publicado por Human Rights Watch, la ONG sostiene que los gobiernos deberían despenalizar el consumo personal de drogas para proteger los derechos humanos, pero no aborda los efectos potencialmente negativos que esto podría tener en el comercio de drogas si la iniciativa no va acompañada de una reforma política integral.
En un ensayo incluido en el informe (pdf), María McFarland Sánchez-Moreno explica que la criminalización de las drogas es "inherentemente problemática", y recomienda que los gobiernos hagan cambios en las políticas para abordar este problema.
En cuanto al uso personal, las duras políticas antidroga alrededor del mundo resultan, según ella, en abusos a los derechos humanos, que van desde la violación a la privacidad, hasta el ingreso forzado de los consumidores a los centros de tratamiento.
Además, las prohibiciones sobre la producción y la distribución tienen el efecto perverso de proporcionar un gran mercado ilícito para los grupos ilegales que cometen abusos contra los derechos humanos, a menudo en búsqueda de controlar el comercio.
Sánchez-Moreno da el ejemplo de Colombia, donde los escuadrones de la muerte de los paramilitares de derecha, agrupados bajo las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), estaban entre "los señores de la droga más grandes de Colombia". El comercio de drogas ayudó a financiar la existencia de los paramilitares y a impulsar los abusos cometidos por estos grupos en los años noventa.
A su vez, las ganancias de este comercio han permitido a grupos como las AUC pagar a funcionarios corruptos y seguir operando con relativa impunidad. En los últimos años, vínculos entre cientos de congresistas y paramilitares han salido a la luz en Colombia.
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Sánchez-Moreno también destaca cómo las fuerzas involucradas en los esfuerzos antidrogas a menudo cometen graves abusos contra los derechos humanos. En México, las fuerzas de seguridad -en parte financiadas con dólares estadounidenses- han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como parte de una "guerra contra las drogas" que ha provocado la muerte de al menos 80.000 personas, desde 2007.
Centrar los esfuerzos en solo una fuente o un grupo involucrado en el tráfico de drogas, claramente, no ha logrado ponerle fin al problema del comercio ilegal de drogas, el cual por el contrario ha evolucionado y migrado, señala Sánchez–Moreno. En Medellín, la persecución y el asesinato de Pablo Escobar no terminaron con la violencia que estaba destruyendo a la ciudad -en cambio, Diego Murillo, alias "Don Berna", ascendió para tomar su lugar. Después de que su monopolio comenzó a desmoronarse, surgieron nuevas estructuras criminales.
Los esfuerzos antidrogas también producen el efecto de desplazamiento del problema, como sucede con los intensivos programas de fumigación aérea en Colombia, que empujaron más la producción de coca hacia Perú -ahora el principal productor del mundo.
En general, la política antidrogas actual no ha logrado detener el flujo de drogas ilícitas o disminuir su consumo, y no ha hecho progresos en el objetivo trazado de proteger la salud de los ciudadanos, escribe Sánchez-Moreno.
En este contexto, ella enumera una serie de recomendaciones, abogadas por Human Rights Watch (HRW). La primera es despenalizar la posesión y el consumo personal de drogas. En vez de penalizar el uso, los gobiernos pueden ayudar a regularlo con campañas educativas que fomenten la toma de decisiones inteligentes, y penalizando conductas perjudiciales que puedan resultar del uso de drogas, como conducir bajo su influencia.
En segundo lugar, ella recomienda que los Estados comiencen a buscar alternativas al actual régimen de políticas sobre la producción y distribución. Estos podrían implicar la regulación de las ventas y de la producción -como ha comenzado a ocurrir con la marihuana en Uruguay, y en Washington y Colorado, en Estados Unidos.
La última recomendación de HRW es ampliar el acceso a los programas de tratamiento para personas adictas a las drogas, basados en la comunidad, con el fin de luchar contra la estigmatización y los peligrosos tratamientos forzosos.
Análisis de InSight Crime
En el contexto de una fracasada "guerra contra las drogas", legisladores, organismos intergubernamentales y actores famosos han abogado por recomendaciones similares a aquellas dadas por Human Rights Watch. Sin embargo, tomar solo una sugerencia tiene pocas probabilidades de tener un impacto significativo sobre el comercio ilegal de drogas, e incluso podría tener un efecto adverso.
Las consecuencias nocivas y la ineficacia de la "guerra contra las drogas", liderada por Estados Unidos, que se ha llevado a cabo por más de 40 años –la cual ha hecho particular hincapié en México y la región andina de Suramérica– han sido bien documentadas.
El consumo de drogas ha seguido aumentando y se ha expandido, y así como se han desarrollado nuevos mercados, también lo han hecho las nuevas rutas, los puntos de tránsito, y los grupos criminales. En lugar de desaparecer, los grupos criminales se han fragmentado y han surgido unos nuevos. Como resaltó Sánchez -Moreno, la estrategia impulsada por Estados Unidos, de atacar los síntomas en lugar de la raíz del problema, ha sido uno de los principales contribuyentes para que se produzca este desplazamiento de la actividad criminal.
Examinando específicamente el ejemplo de México, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha documentado cómo las políticas de seguridad del país, en los últimos seis años, han empujado a los grupos criminales mexicanos a lugares como Guatemala y Honduras, y han convertido a Centroamérica en un corredor principal para la cocaína que va rumbo a Norteamérica. Otros ejemplos incluyen el crecimiento de Argentina como un centro de producción y la creciente importancia de Ecuador como un punto de tránsito.
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Está claro que esta guerra ha tenido también el tipo de efectos negativos sobre los derechos humanos que señala HRW, entre ellos la violencia policial, la falta de acceso a servicios de salud para los consumidores de drogas, y cárceles repletas que dan lugar a la propagación de enfermedades, como fue señalado por Open Society Foundations en un informe de 2009. La Iniciativa Mérida, aprobada por Estados Unidos en 2008, inyectó fondos en México y Centroamérica para combatir la violencia producto del narcotráfico, pero este mismo dinero ayudó a financiar a las fuerzas de seguridad que participaron en graves abusos contra los derechos humanos.
En el contexto de un fallido esfuerzo por detener el crecimiento del comercio de la droga, ha surgido, en los últimos años, un gran debate en torno a la política antidrogas, con destacados periodistas y productores de televisión uniéndose a los llamados por una reforma. Los expresidentes de Brasil, México y Colombia firmaron una iniciativa en 2011, buscando reescribir la Convención de las Naciones Unidas sobre las drogas, adoptada hace más de 20 años. En el verano de 2012, la ONU acordó llevar a cabo una cumbre para discutir enfoques alternativos a la política de drogas. En junio de 2013, varios países de Latinoamérica firmaron un documento acordando continuar la discusión.
Multiples debates han sido necesarios para tomar incluso estos pocos pasos. Sin embargo, una serie de países en Latinoamérica se han movido hacia la primera recomendación de HRW, legalizando el uso personal, mediante la modificación de las políticas relacionadas con el uso personal y el porte de marihuana. En Colombia, desde 2012, las personas que se encuentren en posesión de menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de cocaína ya no son detenidas ni procesadas. En México, los consumidores de marihuana tiene permitido portar hasta cinco gramos. En Perú, la posesión de hasta ocho gramos de la sustancia es legal.
Lo que la mayoría de los países aún no ha hecho es abordar el segundo punto de las recomendaciones de HRW -dando pasos para regular la producción y la venta de sustancias ilícitas. Aunque HRW señala la importancia de ambas medidas, la ONG no aborda las consecuencias no deseadas de implementar la primera sin la segunda.
Si el uso es desregulado sin el acompañamiento de cambios en las políticas, los consumidores probablemente se enfrentarán a un menor riesgo de sufrir el tipo de abusos contra los derechos humanos que fueron señalados por HRW. Sin embargo, seguirán dependiendo del mercado negro para obtener sus drogas, y financiando a los mismos grupos ilegales que la "guerra contra las drogas" busca combatir. En resumen, estas políticas pueden proteger los derechos individuales, pero no podrán detener el flujo de sustancias ilícitas o cortar los ingresos de los traficantes de drogas.
Uruguay ha llevado las cosas un paso más lejos, aprobando recientemente leyes que legalizarán y regularán la producción y distribución de la marihuana, con un tope mensual de 40 gramos para el uso personal. Colorado y Washington, en Estados Unidos, aprobaron recientemente leyes similares, y los legisladores de Ciudad de México tienen previsto presentar una propuesta a finales de enero que haría lo mismo. Sin embargo, ninguno de estos países ha propuesto medidas similares con la cocaína que, según algunas estimaciones, es una fuente mucho más grande de financiación para los grupos criminales.
La falta de consenso en cuanto a la mejor manera de avanzar también podría ser peligrosa, como destacó la Organización de los Estados Americanos (OEA) el año pasado, en un informe (pdf) que describió varios posibles escenarios de reformas sobre las drogas en las Américas. La última de ellas fue la posibilidad de que ciertos Estados -frustrados por el fracaso del enfoque actual y la falta de receptividad a las alternativas por sus homólogos de Estados Unidos- podrían llegar a acuerdos con las organizaciones de tráfico de drogas, lo que permitiría a los narcos tener control de facto sobre el Estado, a cambio de una baja en la violencia relacionada con el narcotráfico.
Otra cuestión que se ha planteado es si la legalización podría llevar a los grupos criminales a diversificar sus actividades en la búsqueda de un financiamiento alternativo. Esto no es descabellado -muchos grupos ya han empezado a hacerlo, dado que ha aumentado la competencia por las ganancias de la droga, dando lugar a un aumento en el secuestro y la extorsión en lugares como México.
Como fue señalado anteriormente por InSight Crime, el cambio, si llega a ocurrir, será un proceso lento, y un enfoque exitoso tendrá que incluir una política completa que combine varios elementos. Ponerle fin a las iniciativas de las fuerzas de seguridad, destinadas a hacerle frente al tráfico de drogas, probablemente será un problema, pero estos esfuerzos serían mejor empleados si estuvieran dirigidos a los niveles superiores del imperio de la droga, y no a los distribuidores de bajo nivel, productores o consumidores. Estas iniciativas deben complementarse con un enfoque en los factores sociales que conducen al consumo de drogas y una medida hacia la regulación de toda la cadena de suministro, desde la producción hasta el consumo.
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