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Golpe de gracia a la comisión anticorrupción de El Salvador

EL SALVADOR / 7 JUN 2021 POR ALEX PAPADOVASSILAKIS Y SETH ROBBINS ES

El anuncio del fin de la comisión anticorrupción de El Salvador, que era respaldada por la Organización de los Estados Americanos, podría ser la estocada final para los organismos internacionales de investigación en la región.

El 7 de junio, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, confirmó el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador (CICIES), que había sido inaugurada en conjunto por la OEA y el gobierno de El Salvador en 2019.

En un comunicado, Almagro dijo que las "diferencias públicas" con el gobierno de El Salvador, incluida la "asfixia" de la CICIES en las últimas semanas por parte de la Fiscalía General de la Nación, "hicieron imposible" la continuidad de sus labores.

Días antes, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, anunció que el país había terminado su acuerdo anticorrupción con la OEA.

En una conferencia de prensa el 4 de junio, el presidente Nayib Bukele criticó a la OEA, diciendo que "no se podía confiar en ella". Reprochó además a Almagro porque el organismo había nombrado a Ernesto Muyshondt, un político salvadoreño que está siendo investigado, para ejercer roles de asesoría al interior de dicha agencia. Muyshondt es uno de los funcionarios acusados de conspiración y fraude electoral por negociar con jefes de pandillas para obtener beneficios políticos.

“¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas?”, preguntó Bukele.

Almagro respondió que el nombramiento de Muyshondt no le otorgaba inmunidad y que nunca había sido impugnado por El Salvador. El ofrecimiento que se le hizo a Muyshondt ha sido retirado, con el fin de evitar que se utilice como una "excusa" para poner fin a la CICIES, puntualizó Almagro.

Almagro enumeró además seis puntos que, según él, imposibilitaban el trabajo de la CICIES, entre ellos una nueva ley que otorgaba inmunidad a los funcionarios acusados de malversación de fondos para hacer frente al coronavirus. También citó acciones destinadas a "impedir el avance" de las investigaciones de corrupción en el gobierno de Bukele, así como los intentos de "inducir" a la CICIES a investigar a los opositores políticos.

La CICIES fue parte central de la campaña presidencial de Bukele, en la que se postuló como un reformador que erradicaría la corrupción.

VEA TAMBIÉN: Corrupción y pandillas, los primeros retos de Bukele en El Salvador

En la conferencia de prensa en la que anunció el fin del organismo anticorrupción, Bukele dijo que no descartaba asociarse con otra organización internacional en los esfuerzos contra la impunidad. Pero luego atacó a esas mismas organizaciones, diciendo que "viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones va a ser difícil".

Muyshondt, político de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y crítico declarado de Bukele, fue puesto bajo arresto domiciliario el 4 de junio por un nuevo cargo de evasión de impuestos.

Análisis de InSight Crime

Con limitaciones desde sus comienzos, la CICIES siempre estuvo maniatada después de que Bukele comenzó a hundir una de las pocas investigaciones que la comisión logró llevar a cabo: las malversaciones por parte de funcionarios de la administración durante la pandemia.

Desde el inicio de la CICIES en septiembre de 2019, surgieron dudas acerca de si Bukele le otorgaría la jurisdicción para investigar de manera independiente casos de corrupción de alto perfil. En su declaración, Almagro dijo que El Salvador aún no había dado a la CICIES el poder de ser demandante en procesos penales.

La CICIES también fue puesta bajo la supervisión del poder ejecutivo, lo que limitó su alcance y debilitó su capacidad para investigar la corrupción en los niveles más altos del gobierno.

VEA TAMBIÉN: La CICIES de Bukele en El Salvador parece solo existir en el papel

A pesar de estas limitaciones, a principios de 2020 la comisión comenzó una investigación sobre la presunta malversación de fondos de emergencia por parte del gobierno de Bukele en medio de la pandemia. Tras recibir los hallazgos de la comisión, la Fiscalía General de la República, entonces dirigida por Raúl Melara, inició una investigación penal contra varios funcionarios.

Esa investigación provocó la ira de Bukele. En mayo de 2021, varios legisladores se alinearon con el presidente para destituir a Melara, reemplazándolo por Delgado, quien rápidamente anunció planes para revisar el acuerdo del gobierno con la OEA.

Las declaraciones de Bukele y Almagro "sugieren que la relación comenzó a dañarse mucho antes del desafortunado nombramiento de Muyshondt por parte de Almagro", dijo a InSight Crime Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group.

La decisión de poner fin a la comisión probablemente causará más consternación entre los funcionarios estadounidenses que han puesto a la lucha contra la corrupción como una prioridad central en la región.

En un tuit del 4 de junio, la Embajada de Estados Unidos en El Salvador expresó su decepción por la decisión de poner fin a la CICIES. En abril, Estados Unidos había destinado US$2 millones para el trabajo de la comisión.

La desaparición de la CICIES —como ocurrió previamente con las comisiones anticorrupción en Honduras y Guatemala— se dio de hecho cuando comenzó a investigar al círculo cercano del presidente.

La conocida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, que sirvió de modelo para la CICIES, cerró sus puertas en 2019. El expresidente de Guatemala Jimmy Morales orquestó el cierre de la comisión después de que esta comenzó a investigar a su familia, y más tarde a él mismo, por financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2015.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández permitió disimuladamente que el mandato de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) expirara en enero de 2020. Ese órgano también había iniciado casos contra las élites políticas y empresariales.

"El cierre de las comisiones internacionales en el Triángulo Norte de Centroamérica apunta a la creciente aversión hacia la interferencia externa en los asuntos internos", dijo Breda a InSight Crime, señalando que los gobiernos han enfrentado pocas consecuencias por el cierre de dichos organismos.

"Es poco probable que se reinstalen comisiones similares", agregó Breda.

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