Las autoridades de El Salvador desmantelaron un escuadrón de asesinos conformado por agentes de policía, incluidos algunos de unidades élite, el cual abaleó a docenas de personas, lo que muestra cómo casi 30 años después de la guerra civil, no cede la amenaza de ejecuciones extrajudiciales por parte de escuadrones de la muerte.
El grupo está señalado como responsable de perpetrar por lo menos 48 homicidios en los departamentos de San Miguel y Usulután, al este de El Salvador, entre 2016 y 2017, según un comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación.
Ninguno de esos departamentos entró en el plan original del presidente Nayib Bukele de enviar policías y soldados a las calles para recuperar el control de los territorios dominados por las pandillas callejeras Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.
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Los miembros del escuadrón de la muerte, vestidos con uniformes de la policía y el ejército, irrumpían en las casas de sus objetivos con el pretexto de cumplir órdenes de allanamiento y ejecutaban a sus víctimas en el lugar o los llevaban a otros lugares para asesinarlos, aseguraron las autoridades.
El gobierno ha expedido 39 órdenes de captura para los miembros del escuadrón de exterminio, entre quienes se cuentan 14 policías activos, tres de los cuales no han sido capturados. No se precisó el rango de esos agentes.
Entre los crímenes cometidos por esa red de ejecuciones hay “20 homicidios individuales más asesinatos múltiples hasta de cinco personas, y tres secuestros”, según informó Associated Press.
Análisis de InSight Crime
Una historia de escuadrones de la muerte patrocinados por el Estado en El Salvador hizo posible el resurgimiento de operativos de asesinato por encargo ejecutados por policías y militares entrenados.
Los escuadrones de la muerte fueron los responsables de las masacres ocurridas durante los doce años de guerra civil en El Salvador, que dejaron unos 75.000 muertos. Después de la firma de los acuerdos de paz en 1992, el gobierno de El Salvador debía desmantelar rápidamente esos grupos, a los que anteriormente había dado carta blanca.
Esto funcionó en gran parte hasta 2015, cuando la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén prometió usar una estrategia de seguridad de “mano dura” para reprimir a las pandillas del país, en especial la MS13 y Barrio 18.
La acción policial represiva, sin embargo, terminó dando vía libre al retorno de los escuadrones de exterminio. Desde 2015, en todo el país se han reportado casos de escuadrones de la muerte conformados por policías y soldados en servicio activo, a quienes se acusa de perpetrar macabros asesinatos, muchas veces de manera impune.
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La participación de tantos miembros de la policía en los más recientes episodios con escuadrones de la muerte es alarmante, y la respuesta del presidente Bukele será objeto de celoso escrutinio.
Desde que asumió el poder, Bukele ha adoptado políticas de “mano dura” —desde despliegues de fuerzas de seguridad a gran escala hasta represión en las prisiones del país controladas en su gran mayoría por pandillas— similares a las de sus predecesores, las cuales fracasaron en gran medida en el propósito de combatir la inseguridad.
Esto podría abrir paso a un abuso continuado de autoridad por parte de los organismos de seguridad de El Salvador, que tienen una larga historia de malas conductas no controladas.
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