El informe final de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre la situación del país dejó en claro que la crisis de seguridad será uno de sus peores legados y uno de los retos más difíciles de la administración entrante.
El pasado 3 de septiembre, Peña Nieto presentó públicamente el sexto y último informe de su gestión. El documento tiene una sección dedicada a la cada vez más profunda crisis de seguridad en México.
"Si bien he de reconocer que hay asignaturas en las que los esfuerzos realizados no fueron suficientes o no alcanzaron los objetivos trazados, también me voy con la satisfacción de que el México que entregamos hoy es sin duda mejor que el México que había hace seis años", afirmó Peña Nieto en uno de los videos que acompañan el informe.
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Durante la presentación, que contó con las élites políticas de México, el presidente repasó algunos de los que, según él, son los principales logros de su administración en la lucha contra la violencia y el crimen organizado.
Se refirió a algunas de las medidas tomadas para que las instituciones estatales colaboren más estrechamente entre sí, al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, al mayor uso de inteligencia, al desarrollo de programas sociales para prevenir la violencia, a la implementación de un nuevo sistema judicial y a la aprobación de varias leyes de lucha contra la corrupción —la cual ha sido un reto en México durante décadas—.
"La violencia se ha combatido con inteligencia y con el uso legítimo de la violencia por parte del Estado. El gobierno tuvo éxito al reducir las capacidades y dimensiones de las organizaciones criminales", dijo el mandatario, quien agregó que las autoridades habían neutralizado a 110 de los 122 objetivos criminales que se habían propuesto capturar cuando él asumió el cargo.
Sin embargo, el presidente también reconoció que, aunque la violencia disminuyó durante sus primeros años en el cargo, la estrategia de capos, que consiste en ir tras los jefes de las organizaciones criminales, ha conducido a que los grupos más grandes se fragmenten en células más pequeñas, las cuales han sido más difíciles de atacar, sobre todo dada la limitada capacidad de las unidades de policía locales.
"Soy consciente de que no logramos el objetivo de alcanzar la paz para los mexicanos en todos los rincones del país. Para hacer realidad este anhelo se requerirá de un esfuerzo por largo tiempo", puntualizó Peña Nieto.
Análisis de InSight Crime
Sin duda, este debió haber sido un discurso difícil para el presidente Peña Nieto. Aunque se esforzó por destacar los avances en materia de seguridad durante sus seis años como jefe de Estado, las crecientes cifras de homicidios ensombrecen la realidad del país y llaman la atención sobre los desafíos que tiene por delante.
Peña Nieto llegó a la presidencia en diciembre de 2012, decidido a cambiar la tendencia de su predecesor, Felipe Calderón, hacia la militarización agresiva. Pero desconocía los elementos de una política adecuada y aparentemente no logró identificar las razones específicas del fracaso de Calderón, lo que en opinión de muchas personas llevó al aumento en las tasas de homicidios en todo el país.
En lugar de elaborar una estrategia de seguridad integral, Peña Nieto expresó su apoyo a nuevas medidas mediocres que finalmente carecieron de sentido: crear un organismo de policía federal, que no era realmente necesario, reducir la estrategia de capos, y desviar la atención pública del combate del Gobierno con los carteles de la droga.
Así las cosas, el fracaso estaba asegurado.
La más clara evidencia de la fallida estrategia de Peña Nieto es la altísima tasa de criminalidad.
Durante los dos primeros años de su mandato hubo una disminución en las tasas de homicidio, pero su equipo no logró mantener esa tendencia. Hacia 2015 el número de homicidios comenzó a aumentar de nuevo, y actualmente el país es más violento que cuando Peña Nieto tomó posesión del cargo. Con casi 2.900 homicidios, mayo de 2018 fue el mes más sangriento en la historia moderna del país.
Pero los errores de Peña Nieto no se pueden medir exclusivamente por las estadísticas del crimen. Los actos de corrupción y la incompetencia durante toda su administración han debilitado gravemente la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales. El ejemplo más palmario —la torpeza del gobierno frente a la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa— parece una herencia del pasado autoritario del país.
En efecto, el caso de Ayotzinapa no solo se ha convertido en un escándalo internacional y en símbolo de la ineptitud de Peña Nieto, sino que además hace parte de una serie de escándalos que han llevado a la desconfianza de la ciudadanía en sus líderes: el Ejército fue acusado de perpetrar una masacre en 2014, más de una docena de gobernadores están siendo investigados por corrupción (en la mayoría de los casos por vínculos con el crimen organizado), y varias reformas anticorrupción, que parecían prometedoras, no son más que palabras bonitas sobre el papel.
Como estos, son abundantes los ejemplos similares del creciente caos en el país.
La ruptura en el contrato implícito entre gobierno y gobernados se ha profundizado por la indiferencia de Peña Nieto frente a la protección de la prensa, lo cual ha propiciado el continuo asesinato comunicadores mexicanos, muchos de los cuales han optado entonces por la autocensura.
Asimismo, la administración Peña Nieto ha hecho poco por enfrentar los crecientes ataques contra funcionarios municipales y, como resultado, muchos alcaldes han sido asesinados durante su mandato. En el 2018 han sido asesinados más de 100 candidatos a cargos públicos —sobre todo a nivel local—. Esta terrible realidad ha debilitado la efectividad de los gobiernos locales que, en teoría, deberían ser los que mejor respondan a los temores cotidianos de los ciudadanos.
La elección de Andrés Manuel López Obrador responde a un profundo rechazo hacia el estado de cosas que representa Peña Nieto, rechazo que se debe en parte a su fallida política de seguridad. Pero si bien los mexicanos parecen contentos de pasar la página de la administración actual, las heridas que creó Peña Nieto en la confianza ciudadana no sanarán fácilmente. Este triste legado representará un desafío para la gobernanza durante años —e incluso generaciones—.
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