Colombia pasó de tener las elecciones más pacíficas en 2018 a las más violentas en 2022. La reconfiguración de los grupos criminales que viene sucediendo después del proceso de paz con las FARC, explicaría el aumento de la violencia.  

En medio de una gran expectativa, Colombia escogerá el 29 de mayo un nuevo presidente o elegirá a los candidatos que pasarán a una segunda vuelta de elecciones en el mes de junio. Según el más reciente informe publicado por la Misión de Observación Electoral (MOE), las elecciones presidenciales y legislativas de 2022 han sido las más violentas en los últimos 12 años. En comparación con las cifras del 2018, la organización determinó que en este periodo preelectoral hubo un aumento del 109 por ciento en los hechos de violencia.  

El accionar de actores armados ilegales ha contribuido al deterioro de la situación de seguridad. De acuerdo con El Tiempo, en el 59 por ciento de los municipios donde han ocurrido hechos violentos relacionados con las elecciones, hay presencia de al menos un grupo criminal. 

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Los Urabeños, herederos del paramilitarismo, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), estarían detrás de las acciones violentas en al menos seis de los 32 departamentos del país. Tres de los departamentos más afectados son Cauca, Nariño y Chocó, territorios claves para el crimen organizado, como informó la Defensoría del Pueblo.  

Este panorama es completamente opuesto al de las elecciones de 2018. En solo cuatro años estos grupos han logrado fortalecerse económica y militarmente, lo que les ha permitido cooptar territorios y llenar los vacíos de poder de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmaron en 2017 el acuerdo de paz con el gobierno nacional.  

Como señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE, Colombia atraviesa “un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales, que han aprovechado el vacío dejado por la extinta guerrilla de las FARC y la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”. 

Además, a este escenario se han sumado las disidencias de la extinta guerrilla, complejizando aún más la fragmentación del crimen organizado en el país y el recrudecimiento de la violencia. 

Ad portas de unas de las elecciones más importantes de la historia colombiana, los grupos criminales han usado sus recursos para ser parte, o no, del futuro del país. A continuación, InSight Crime analiza las acciones de los principales grupos de Colombia. 

El ELN y un cese al fuego

Aunque su participación en economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal ha debilitado el discurso político de la última guerrilla en Colombia, el ELN mantiene un interés en involucrarse en la agenda política del país.   

Para los comicios del 29 de mayo, el grupo anunció un cese unilateral al fuego, que puede leerse como una señal de paz para el próximo gobierno y una muestra de voluntad de diálogo. Sin embargo, al analizar las acciones del grupo, surgen algunas contradicciones.

En primer lugar, el comandante del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, afirmó en su cuenta de Twitter que la guerrilla se reserva el derecho de defenderse en caso de ser atacada. “El balón queda del lado del nuevo presidente”, añadió García. 

Segundo, la historia reciente ha demostrado que al interior del ELN existen posturas divergentes frente a una posible negociación para el fin del conflicto. De acuerdo con La Silla Vacía, una de las razones que explicaría el desinterés en un posible diálogo, es el creciente fortalecimiento económico y militar del grupo.  

Tercero, según señaló la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 004-2022, en los territorios donde un grupo ilegal ya cuenta con control hegemónico, genera mensajes intimidantes para intervenir en la elección o entrega dinero para apoyar candidaturas.  

Por último, no se puede dejar de lado que la guerrilla sostiene disputas territoriales a lo largo del país; por ejemplo, en Chocó contra Los Urabeños y en Cauca contra las disidencias de las FARC. Los constantes enfrentamientos y ataques armados en estos territorios hacen que sea difícil hablar de un cese al fuego por parte el ELN. 

La campaña criminal de Los Urabeños

A diferencia del accionar contradictorio del ELN, Los Urabeños han tenido una participación directa y activa en las elecciones de este 2022.  

La manifestación más reciente fue un paro armado que tuvo lugar en mayo de 2022. Aunque este fue convocado a raíz de la extradición de su máximo líder Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel,» el grupo también aprovechó el momento para hacerse sentir en el periodo preelectoral.  

Leonardo González, Coordinador de Proyectos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), describió el accionar del grupo como una “puesta en escena en medio de una disputa electoral para fortalecer el discurso del miedo y de esta manera, tratar de influir en las elecciones”. 

Durante los cuatro días de paro armado, Los Urabeños prohibieron abiertamente votar por determinados candidatos y desplegar publicidad a su favor. Además, “están realizando reuniones en veredas y corregimientos y aseguran que serán ellos quienes impondrán la seguridad durante la jornada electoral”, señaló una líder social desde el municipio de Ovejas en el departamento de Sucre al diario La Marea. 

Los Urabeños ya habían dado un abrebocas de lo que sería su accionar en el marco de las elecciones presidenciales en los comicios legislativos del pasado 13 de marzo. En febrero, amenazaron de muerte a 28 líderes políticos y sus familias en la ciudad de Barrancabermeja, informó El Tiempo. Les dieron 48 horas para abandonar el territorio, de lo contrario, los asesinarían. 

En los Montes de María, subregión que comprende 15 municipios en los departamentos de Sucre y Bolívar, el grupo también sembró el terror. La comunidad reportó asesinatos selectivos y reuniones de adoctrinamiento electoral, señaló El Tiempo.  

Aunque las acciones de Los Urabeños podrían interpretarse como parte de una agenda política, el grupo armado está enfocado en las rentas criminales. Las zonas donde el heredero paramilitar se ha manifestado contra la comunidad en el marco de las elecciones coinciden con territorios claves para el narcotráfico y la minería ilegal. 

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El silencio de las ex – FARC Mafia

A diferencia del ELN y Los Urabeños, parece que las disidencias de las FARC no están interesadas en influir en las elecciones presidenciales, sino que están enfocadas en mantener el control en sus antiguos territorios y lucrarse del narcotráfico.  

En los tiempos de las FARC, influenciar en la política nacional era una prioridad. Hoy en día los reductos de la extinta guerrilla han tenido un cambio radical, pues ahora se le ven más enfocados en el control de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico.  

Por ejemplo, en el departamento de Putumayo, un periodista local sostuvo a InSight Crime que “las disidencias no están presionando el voto. El conflicto radica única y exclusivamente en lo que tiene que ver con el territorio para el narcotráfico”.

Esto contrasta enormemente con lo visto en las pasadas elecciones locales de 2019, en las que diferentes facciones disidentes amenazaron y asesinaron candidatos a lo largo del país. Esto sugiere que las disidencias sí tenían intereses en conservar y controlar a sus aliados políticos locales, quienes no solo están a su alcance, sino que también son indispensables para el desarrollo de sus actividades criminales en los territorios donde hacen presencia. 

*Camila Montoya contribuyó a la investigación de este artículo