Patrulla de la policía peruana en un campo de coca

En 2013, la ONU confirmó que Perú había sobrepasado a Colombia como el principal productor de coca y cocaína del mundo. ¿Cómo pudo suceder esto en un país relativamente pacífico, con una economía en auge?

En septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que publica las estimaciones anuales de producción de coca y cocaína en los Andes, anunció que 60.400 hectáreas de coca fueron sembradas el año pasado en Perú, y que ahora el país está en condiciones de producir hasta 340 toneladas de cocaína. Colombia, señaló la ONU, registró tan solo 48.000 hectáreas y una capacidad de producir 309 toneladas de cocaína.

En cierto modo, las cifras de la ONU fueron más una confirmación que una revelación. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Perú había tomado la posición número uno en 2011.

Esta situación es en realidad un regreso a los viejos malos tiempos de Perú, que en 1992 produjo el 60 por ciento de la cocaína mundial. Esto cambió cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (actualmente en prisión por cargos de corrupción) ordenó derribar los aviones que transportaban base de coca a los laboratorios de cocaína en Colombia y los traficantes de droga de los carteles de Medellín y Cali comenzaron a promover la siembra de coca en Colombia. Para el año 2000, Colombia tenía un estimado de 163.000 hectáreas de cultivo de la hoja en comparación con un estimado de 43.400 hectáreas en Perú, según cifras de la ONU (pdf).

Ahora esto se ha revertido nuevamente. Aquí están algunas de las razones. 

Razón 1: Esfuerzos de erradicación en Colombia

Las razones del por qué la producción de coca se ha desplazado de nuevo hacia el sur podría tener menos que ver con Perú que con Colombia. Esta nación, respaldada por Estados Unidos, ha desplegado enormes recursos para la fumigación y erradicación de la coca y simplemente ha empujado los cultivos hacia Perú y, en menor medida, hacia Bolivia. Este es un ejemplo clásico del llamado "efecto globo": al apretar una parte del globo, el aire empuja hacia otra parte del mismo.

Colombia, desde 1999 y el comienzo del "Plan Colombia" respaldado por Estados Unidos, se convirtió en el epicentro de la guerra contra las drogas de Washington. La estrategia consistía en la destrucción aérea de materia prima, el arbusto de coca, con el fin de cortar con la principal fuente de ingresos tanto de narcotraficantes como de las insurgencias de izquierda que operan en las áreas de cultivo de coca. 

Pero al tiempo que los cultivos de droga se han reducido, los costos de esto han sido inmensos. Las enormes cantidades de glifosato y otros productos químicos rociados en el campo mataron no sólo las plantas de coca, sino también toda la vida vegetal. En lugar de empujar a los agricultores hacia cultivos legales, la destrucción de los campos de los campesinos ha nutrido las filas de los guerrilleros marxistas. La estrategia también ha sido una pesadilla en materia de relaciones públicas, ya que está centrada en la parte más débil de la cadena, el cultivador de coca, quien tiene suerte si consigue US$1.000 produciendo la misma base de coca que luego se convierte en un kilo de cocaína, con un valor de al menos US$30.000 cuando llega a Estados Unidos.

Razón 2: La falta de una estrategia coherente por parte del Gobierno

Los motores para el auge de la producción de coca de Perú son diferentes a los de Colombia. Perú no permite la fumigación aérea indiscriminada de los cultivos de coca y, al igual que Colombia, enfrenta una insurgencia que vive del comercio de la droga. Sin embargo, a diferencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –cuya fuerza conjunta supera los 10.000 combatientes en todo el país– Sendero Luminoso de Perú ahora cuenta con menos de 500 combatientes y se encuentra principalmente restringido a un área, los Valles del río Apurimac, Ene y Mantaro, conocido como el VRAEM, que es sólo una de las 14 grandes zonas cocaleras de Perú.

Los cocaleros de Perú, por lo tanto, operan de manera autónoma y sus niveles de cultivo han aumentado sobre todo por la falta de una estrategia antidroga integral del gobierno, señala Jaime Antezana, experto en drogas y consultor internacional. Esta estrategia debería incluir tres elementos: el desarrollo alternativo, el control de la oferta (interdicción y erradicación) y la prevención y tratamiento. Hasta ahora, sólo uno de los elementos ha tenido un progreso significativo: la erradicación. Bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2006) alrededor de 7.000 hectáreas anuales de coca fueron erradicadas. Bajo el gobierno de Alan García (2006-2011) la cifra subió a 10.000 hectáreas. Y en 2013, el gobierno de Ollanta Humala superó su meta de erradicar 22.000 hectáreas.

El Almirante Jorge Valencia de la agencia antidroga del gobierno -Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)- insiste en que el gobierno está avanzando en otras partes de la estrategia. Afirmó que el lavado de dinero se ha convertido en una prioridad para el gobierno, aunque se han hecho muy pocos progresos en ese sentido. La procuradora antidrogas para el gobierno, Sonia Medina, cree que hasta ocho mil millones de dólares en dinero ilegal están siendo lavados a través de la economía peruana, con poca resistencia.

Razón 3: Debilidad institucional, corrupción

Perú presenta también algunas debilidades estructurales que lo hacen vulnerable a grandes cambios macroeconómicos, que lo convirtieron de nuevo en el principal productor mundial de cocaína. Uno de ellos es la corrupción. En la escala de Transparencia Internacional donde 100 denota una total transparencia, Perú registra 38, junto con Liberia y Burkina Faso. Fuentes de inteligencia internacionales en Lima le indicaron a InSight Crime que enjuiciar a los traficantes de drogas de alto nivel es muy difícil, y que hay una persistente corrupción en todos los niveles del sistema judicial.

La policía puede ser fácilmente comprada, especialmente fuera de Lima. Los fiscales a menudo son reacios a asumir los complejos casos de delincuencia organizada y los jueces pueden ser sobornados. Los escándalos por corrupción son el pan de cada día en los periódicos en Perú. Un jefe de la policía recientemente fue arrestado bajo acusaciones de trabajar con el crimen organizado en el norte del país, mientras que una serie de congresistas están siendo investigados por vínculos con el narcotráfico y a un general del ejército se le encontró una nómina de 620 soldados inexistentes, de la que recibía el pago para sí mismo.

Los expresidentes Toledo y García se encuentran bajo investigación por corrupción. García, quien fue presidente dos veces y se rumora que está preparando una tercera candidatura a la presidencia en 2016, ha sido acusado de vender indultos presidenciales a traficantes de drogas por US$150.000, al final de su segundo mandato en el que por lo menos 400 narcotraficantes convictos recibieron indultos.

Razón 4: Nuevos actores criminales

El crimen organizado transnacional también ha echado raíces en Perú y, como los carteles de Cali y Medellín a principios de 1990, podría ser quien está fomentando el crecimiento de los cultivos de coca. En una entrevista con el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), el General Vicente Romero, dijo que estaban rastreando la presencia de mafias mexicanas, colombianas y rusas operando en Perú.

Según las autoridades, con el aumento de la presión en México y Colombia varios criminales de alto nivel han buscado ambientes seguros y han establecido sus operaciones en Perú. Se cree que el Cartel de Sinaloa tiene presencia permanente en Perú, ubicado alrededor del puerto de Piura, con emisarios también en Lima. Con Perú proporcionando ahora gran parte de la cocaína que se dirige hacia Europa, la llegada de la mafia rusa no es motivo de sorpresa.

En suma, Perú ofrece menos resistencia al tráfico internacional de drogas que Colombia en este momento. Tal vez sea inevitable que el crimen organizado preste más atención a Perú, donde se puede cosechar la materia prima y la policía y el poder judicial están permeados por la corrupción, y donde el lavado de dinero sigue siendo relativamente sencillo.