Es probable que las bandas locales de Uruguay no se conviertan en una amenaza nacional, pero las políticas del gobierno no detendrán el aumento reciente en violencia, según dos nuevos estudios financiados por el gobierno.
Dos artículos de investigaciones en seguridad, financiadas por el Ministerio del Interior de Uruguay, se presentaron en julio de este año. En ellos se describe cómo opera el crimen organizado en el país y delinearon las expectativas futuras del problema.
El primero, “En las grietas del Estado, gobernanza criminal en Montevideo, Uruguay”, de Inés Fynn, Verónica Pérez Bentancur, Lucía Tiscornia y Guillermo Martínez, analizó los grupos criminales en Montevideo con base en un extenso trabajo de campo, encuestas y análisis de datos.
El segundo, “Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)”, de Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges, combinó datos de homicidios y demografía en busca de patrones entre diferentes tipos de homicidios.
A continuación, InSight Crime analiza tres hallazgos clave de los artículos.
Bandas no expandirían su gobernanza criminal
La violencia criminal en Uruguay tiene como principales factores la disputa entre grupos locales por los territorios de microtráfico, especialmente en sectores marginados del país. Por sus limitaciones de personal, territorio e ingresos, es improbable que estos grupos lleguen a convertirse en actores criminales importantes.
La mayoría de bandas en Montevideo iniciaron como pequeños clanes familiares dedicados al robo. A medida que crecieron y comenzaron a ejercer control sobre diferentes sectores de un barrio, incursionaron en la extorsión y el microtráfico, en especial la venta de pasta base de coca.
En Peñarol, uno de los barrios más violentos de Montevideo, se han alzado en armas tres clanes familiares —los Vallejo, los Caldera y los Segales— para disputarse el dominio criminal.
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Aunque estos grupos microtraficantes siembran temor y violencia en los sectores en los que operan, no se prevé que puedan ascender hasta convertirse en amenaza nacional, concluyeron los autores de “En las grietas del Estado”.
“Los grupos criminales pueden regular el microtráfico y ocasionalmente tratar de extorsionar a los residentes, pero no tienen acceso a grandes cantidades de efectivo. Esto limita su capacidad para crecer, expandirse, adquirir armamento pesado y confrontar verdaderamente al Estado”.
Los territorios controlados por estas bandas microtraficantes son pequeños, en ocasiones un solo barrio o incluso un sector de un barrio, y la presencia de la policía uruguaya en combinación con programas sociales sólidos son suficientes para impedir su expansión.
Uruguay tiene poco atractivo para los grupos transnacionales
Los mercados criminales en Uruguay no son lo suficientemente robustos para atraer a grupos transnacionales más grandes, entonces la presencia de organizaciones narcotraficantes de mayor calado, como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), es limitada.
Varios factores restan atractivo a Uruguay para estos grupos: el mercado doméstico de drogas es pequeño, su sistema de justicia es sólido en comparación con otros países y, a pesar de ser un centro para el trasiego transnacional de cocaína, ha habido poca violencia relacionada con el control de las rutas fluviales de transporte de la mercancía. La cocaína se embarca en Paraguay y luego se le permite pasar por Montevideo.
Sin embargo, un cambio en estos factores podría inducir variaciones en el escenario del crimen organizado en Uruguay.
“La cuestión es qué tan costoso es realizar actividades criminales en Uruguay», comentó Doriam Borges, uno de los coautores del diagnóstico de homicidios.
En Brasil, por ejemplo, en muchas ciudades las actividades criminales eran controladas por clanes familiares. Pero con la expansión del mercado doméstico de drogas, entraron grupos más grandes y tomaron el control, puntualizó.
Grupos como el PCC pululan en las prisiones, donde reclutan a nuevos miembros, y el hacinamiento progresivo en las prisiones de Uruguay puede ofrecer un terreno fértil para la expansión del crimen.
Uruguay también puede estar ganando importancia como centro de lavado de dinero.
En 2020, por ley se elevó el límite de los pagos en efectivo de US$4.000 a US$100.000. El gobierno defendió la decisión aduciendo que daba mayor libertad a la población sobre el uso de su dinero.
Pero los críticos han hecho énfasis en cómo esta ley podría promover el delito por permitir a los criminales adquirir propiedades y otras inversiones legítimas con poca o nula veeduría.
“Usted puede tener una mochila con US$100.000 e ir a comprar una propiedad, plata en mano”, dijo Rojido.
Aun antes de la ley de 2020, Uruguay era usado por poderosas organizaciones criminales como destino para el lavado de dinero. El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), adquirió propiedades en el balneario uruguayo de Punta del Este para limpiar sus ganancias ilícitas en el sistema financiero formal.
A los expertos les preocupa que con la enmienda de 2020, más grupos criminales busquen a Uruguay y sus bancos para blanquear sus ganancias ilícitas con el consiguiente incremento en el riesgo de mayor violencia y criminalidad.
Un balance reciente del gobierno concluyó que Uruguay no cuenta con la capacidad para combatir el lavado de dinero de las organizaciones narcotraficantes de la región.
Estrategias de seguridad pueden agravar la violencia
Durante las dos últimas administraciones, se han dirigido los esfuerzos de la policía a los operativos sorpresa, la captura de cabecillas, el cierre de expendios de drogas y la desarticulación de bandas para reducir la actividad criminal, pero estas estrategias pueden acrecentar la violencia y el delito en ausencia de inversión estatal en los sectores marginados donde dichas bandas operan.
La policía ha empleado métodos violentos para enfrentar a las bandas ante el aumento de la criminalidad. Entre 2015 y 2019, el número de personas muertas por la policía en Uruguay se elevó de 3 a 37, pero la estrategia no se ha reflejado en la reducción de homicidios por parte de las bandas.
La línea dura adoptada por el gobierno podría a fin de cuentas estar contribuyendo a la perpetuación de la violencia entre las bandas dedicadas al microtráfico, como lo señaló Verónica Pérez Bentancur, coautora de “En las grietas del Estado”, en conversación con InSight Crime.
“Esa estrategia lleva a la fragmentación de las agrupaciones […] y a que se enfrenten entre ellas, generando conflictos”, explicó Pérez Bentancur.
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Los investigadores recomendaron que las estrategias de prevención del delito se enfoquen menos en las medidas represivas y más en el desarrollo social, como la cooperación con líderes comunitarios y la inversión en los sectores deprimidos con poca inversión estatal, donde son más activas las bandas.
Pero para la implementación de estas estrategias, es imprescindible la voluntad política, y la administración de Lacalle Pou se ha fijado como prioridad política la reducción de impuestos.