El ente de Naciones Unidas encargado de monitorear el cumplimiento con los convenios internacionales para el control de narcóticos publicó un nuevo informe en el que insta a los países de todo el mundo a mejorar los esfuerzos para prevenir y tratar el abuso de estupefacientes, lo que resalta una tendencia hacia el alejamiento de las políticas antinarcóticos tradicionales.
El balance anual del Consejo Internacional para el Control de Narcóticos (INCB), publicado el 1 de marzo, hace mucho énfasis en la importancia de garantizar el acceso al tratamiento para las personas con problemas por abuso de narcóticos, incluso al extremo de calificar el tratamiento de problemas con drogas como un “derecho humano”.
“Como partes de los tratados internacionales para el control de narcóticos, los gobiernos están obligados a ofrecer servicios de tratamiento a las personas afectadas por la adicción”, señala el informe.
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Según el INCB, el gasto en el tratamiento para la narcodependencia, “es mucho menos costoso que las intervenciones de la justicia penal”, y ofrece un fuerte retorno a la inversión si se tiene en cuenta los ahorros en los costos de la atención en salud y el sistema de justicia.
Sin embargo, el informe señala que varios obstáculos pueden impedir el acceso de los ciudadanos al tratamiento para la adicción.
En Latinoamérica, donde menos del 10 por ciento de la población tiene acceso a esos servicios, la falta de recursos y de personal con experiencia ha dificultado la disponibilidad de estos programas. Y en Estados Unidos "el limitado acceso a los seguros médicos... sigue siendo un obstáculo para el control de la adicción y la provisión de atención y tratamiento adecuados".
La legalización aún no es opción
El intenso énfasis del INCB en el tratamiento y la prevención del consumo de estupefacientes en el informe de este año contrasta con el enfoque de versiones anteriores, que por lo general han pedido una adhesión más rigurosa a la tendencia dominante. Pero en el tema de la legalización de la droga, el organismo de las Naciones Unidas no ha cambiado su postura tradicional: dicha práctica viola las convenciones internacionales.
En su informe, el INCB reiteró su oposición a experimentos con la legalización del cannabis para uso recreativo en algunos estados de Estados Unidos, al igual que en Uruguay, que en 2017 se convirtió en el primer país del mundo en crear un mercado legalizado y regulado para el uso recreativo de la hierba.
El ente de la ONU señala que la Convención Única de 1961 sobre uso de estupefacientes “restringe el uso de narcóticos controlados a usos médicos y científicos y que las medidas legislativas que contemplen un uso distinto van en contravía con dicha Convención”.
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El INCB también se mostró escéptico en lo que respecta al anuncio hecho el año pasado por Bolivia de sus planes de aumentar los topes al cultivo legal de coca, lo que puede contribuir, como InSight Crime señaló, a un leve aumento en la oferta de cocaína.
“Al consejo le preocupa que esos cambios hayan tenido un impacto negativo en la capacidad del Gobierno para controlar la oferta de hojas de coca para el consumo interno tradicional y hayan aumentado el riesgo de desvío de las hojas de coca para uso en el procesamiento ilícito de cocaína”, puntualiza el informe.
Crisis de opioides a primer plano
El énfasis del INCB en las medidas de tratamiento y prevención puede tener relación en parte con lo que describe como “una crisis de opioides y fentanilo de proporciones inéditas" en Norteamérica que ha encontrado eco en otras regiones, como Australia y Europa.
La crisis de los opioides ha contribuido a un incremento masivo en las muertes por sobredosis con drogas en los últimos años en Estados Unidos. Ante las duras medidas adoptadas por las autoridades contra las empresas la sobreprescripción irresponsable de opioides, muchos usuarios han recurrido a las sustancias ilícitas que producen efectos similares, como la heroína y el fentanilo. Esto, en combinación con otros factores, ha generado conflictos entre los grupos criminales por el control de centros importantes de producción y tráfico en países como México.
El INCB también manifestó “una creciente preocupación por la producción, el tráfico y el abuso de metanfetaminas en Norteamérica”, un problema del que también han advertido las autoridades estadounidenses. E informó que “el consumo de cocaína ha exhibido una curva ascendente en Norteamérica y las muertes por sobredosis de cocaína han aumentado desde 2010”.
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Aunque en ocasiones anteriores el organismo de la ONU ha apoyado estrategias "no punitivas" para el control de la droga, el informe de este año puede estar dirigido específicamente a Estados Unidos, el mayor mercado mundial de narcóticos.
En lugar de comprometer más recursos para el tratamiento y la prevención del abuso de estupefacientes, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha optado por una estrategia de retórica dura que no se ve reflejada en financiación adicional o nombramientos bien pensados en cargos claves. Es posible que el INCB esté tratando de instar a Estados Unidos a que adopte un rol más proactivo en el desarrollo de políticas alternativas para el control de estupefacientes, algo que no tiene muchas probabilidades de ocurrir, pese al intenso interés que ha puesto Trump en el tema.
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