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Bolsonaro vs. Lula: perspectivas divergentes sobre crimen, seguridad y la Amazonía en Brasil

BRASIL / 29 SEP 2022 POR CHRIS DALBY ES

Brasil acudirá a las urnas el 2 de octubre en unas elecciones que ofrecen dos visiones diametralmente opuestas sobre la estrategia que la región debería adoptar frente al crimen organizado.

El beligerante y controvertido presidente Jair Bolsonaro enfrenta un reto mayúsculo. La destrucción de la Amazonía está en su pico más elevado en décadas, con consecuencias desastrosas para el planeta. Las fuerzas de seguridad viven su mejor momento, con alzas de salarios y presupuesto, y sin enfrentar consecuencias por abusos y ejecuciones. Los mineros, ganaderos y grandes terratenientes han disfrutado de un trato preferencial, mientras que las comunidades indígenas y residentes de las favelas, comunidades empobrecidas en las periferias de las grandes ciudades y muchas veces puntos críticos para la actividad criminal y las respuestas de seguridad, han quedado marginadas. El número de armas en manos de civiles se ha duplicado. Un punto positivo es que la tasa de homicidios en el país cayó a su nivel más bajo en 15 años.

Su rival, Luiz Inácio Lula da Silva, busca un regreso a la gloria después de una temporada en prisión por corrupción, cuya sentencia fue anulada. Da Silva, quien fungió como presidente entre 2003 y 2010, fue reconocido ampliamente como uno de los jefes de estado más queridos del planeta.

Ahora con 76 años, Lula ha presentado una plataforma de políticas desafiante.

Un “nuevo acuerdo verde” para la Amazonía. Políticas climáticas rápidas y activas. Un ministerio de asuntos indígenas. La modernización de las instituciones de seguridad.

Todo eso suena muy bien, pero ¿podrá convencer a Brasil de apoyarlo una vez más?

Aquí, InSight Crime expone las diferencias de Lula y Bolsonaro frente a los crímenes violentos y el medio ambiente, y cómo esta elección determinará el futuro de Brasil por muchos años.

VEA TAMBIÉN: GameChangers 2021: La selva amazónica sucumbe bajo la voracidad del crimen organizado

Medio ambiente

La Amazonía ha sido uno de los temas más debatidos de esta contienda electoral y por buenas razones. Con la deforestación desbordada, uno de los principales baluartes del planeta contra el cambio climático está al borde del colapso. Varias zonas de la Amazonía brasileña dejaron de ser sumideros de carbono, y ahora emiten más dióxido de carbono del que absorbe. El próximo mandatario de Brasil tendrá en sus manos la posibilidad de acelerar o desacelerar esta devastación.

Bolsonaro ha soslayado la explosión de los delitos ambientales en la Amazonía, y sus detractores acusan a su administración de incitar la ganadería, la tala y la minería ilegales, entre otros delitos. Lula se ha comprometido a reforzar la protección ambiental, pero enfrenta una dura batalla frente a un crimen organizado fortalecido en la región.

Bolsonaro no tiene dudas sobre su postura frente al medio ambiente. Durante su administración ha declarado que los indígenas intencionalmente “atrasan a Brasil”, que las reservas naturales “no preservan nada […] y podrían aportar miles de millones con el turismo”, o que los incendios de la Amazonía fueron “actos criminales de las ONG para poner a la comunidad internacional en mi contra y en contra del gobierno de Brasil”. Se comprometió a debilitar las salvaguardas ambientales de la Amazonía y otras zonas protegidas, a beneficiar la explotación de la tierra por parte de las industrias agrícola y pecuaria, y a reducir las protecciones del gobierno sobre las comunidades indígenas.

Todo eso ha ocurrido.

Las tasas de deforestación en la Amazonía disminuyeron durante la década previa a la elección de Bolsonaro. Desde que llegó al poder, esas tasas se han disparado hasta llegar a más de 13.000 kilómetros cuadrados en 2021, un área mayor que toda la isla de Jamaica.

Miles de explotaciones mineras ilegales se han expandido en tierra y en los ríos, invadiendo territorios indígenas y causando enfrentamientos fatales en muchos casos.

En lo que respecta a la protección que brinda el gobierno, aparte de los recortes presupuestales en organismos claves, rara vez se investigan las denuncias de delitos ambientales.

En los contados casos en los que hizo algún gesto para cumplir las protecciones ambientales, el gobierno de Bolsonaro fue acusado de falsificar datos sobre el clima o prometió algo solo para proceder a hacer lo contrario.

No hay razones para creer que eso cambiará si Bolsonaro logra la reelección. En el último año dio a conocer un plan de estímulos para la minería a pequeña escala y los legisladores pusieron en la agenda proyectos de ley cada vez más desaforados, como uno que propone retirar oficialmente y en su totalidad el estado de Mato Grosso de la reserva protegida de la Amazonía.

El contraste de los antecedentes de Lula en relación con la Amazonía no podría ser más distinto. En los primeros años de la década de 2000, la deforestación era mayor que en la actualidad, pues llegaba a 25.500 kilómetros cuadrados en 2002. Lula emprendió una dura tarea para poner orden en la explotación rampante de los recursos naturales de Brasil.

Según una investigación de la Universidad de Princeton, reducir la deforestación se convirtió en una de las líneas de acción más importantes de su gobierno desde que inició su primer mandato. Más de una docena de ministros trabajaron juntos para crear un plan de acción para la Amazonía, que incluyó mayor monitoreo y supervisión de la selva húmeda, así como garantizar la aplicación de las leyes vigentes.

Los resultados no se hicieron esperar. Entre 2004 y 2007, la deforestación cayó más de 60 por ciento. Esa tendencia se mantuvo durante toda su administración.

Pero su presidencia no salió en limpio en términos ambientales. Lula no se oponía totalmente al desarrollo industrial en áreas protegidas, lo que incluyó revivir el proyecto de construcción de la Represa Belo Monte a lo largo del río Xingu. Esto al parecer obligó a decenas de miles de personas indígenas a abandonar sus territorios. También declaró abiertamente la importancia de las industrias de soja y ganado para Brasil, aunque las sometió a presiones ambientales que al parecer no afectaron sus balances.

Lula ahora está discutiendo un Nuevo Acuerdo Verde en caso de que gane. Se ha comprometido a entregar préstamos importantes para que los cultivadores de soja y los ganaderos amplíen sus operaciones en terrenos de pastoreo existentes, lo que no requiere más deforestación. Otro gran pilar de su futuro plan ambiental es el logro de “cero deforestación neta”, que planea lograr al renovar áreas destruidas de la selva húmeda. A esto se suma la promesa de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, una de las banderas de la campaña de Lula como una acción necesaria para revertir el despojo de los territorios indígenas en los últimos cuatro años.

Armas

Bolsonaro ha favorecido el acceso a las armas, lo que previsiblemente llevó a las organizaciones criminales a abastecer sus arsenales. De ser reelegido el presidente, quien apoya la tenencia de armas de fuego, puede ir aún más lejos. Sin embargo, Lula no ha prometido un cambio radical a esta política, lo que, al menos a corto plazo, mantendría el fácil acceso a las armas de fuego para el crimen organizado.

En 2019, Bolsonaro firmó un decreto que hacía más laxa la tenencia de armas. Eliminó vetos a la importación de algunos tipos de armas, levantó restricciones sobre la cantidad de munición que se permitía adquirir a la población civil y suprimió el requerimiento a los propietarios de armas de registrar cada una de las que tuvieran.

En esa época, InSight Crime advirtió que esto podría empujar a las organizaciones criminales a encontrar nuevas formas de obtener armas y empeoraría la creciente tasa de homicidios en Brasil. Para las milicias, que muchas veces reclutan miembros de las filas de la policía y que gozan de amplia protección política, era muy probable que esto les facilitara la adquisición de armas.

Pero ni la policía quería esos cambios. Antes de la aprobación de dichas reformas, delegados de la policía federal escribieron a varios legisladores denunciando que esa ley "sin duda terminaría devolviendo al país a la situación de caos de una sobreoferta de armas en circulación, contando las armas ilegales, lo que empeoraría gravemente las tasas de criminalidad”, según Reuters.

Estos temores estaban bien fundados.

En junio de 2022, varias operaciones contra el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) e São Paulo halló que muchas de las armas empleadas por esa pandilla habían sido adquiridas legalmente por personas sin antecedentes penales.

En enero, un hombre fue detenido en Río de Janeiro bajo sospecha de haber vendido docenas de armas adquiridas legalmente y numerosas rondas de munición a los grupos criminales.

Lejos de retirar el apoyo a estas regulaciones, el gobierno de Bolsonaro redobla su apuesta por ellas. Actualmente está en discusión la propuesta de consagrar estas reformas en una ley, y se dice que algunos legisladores han recibido presiones de la familia de Bolsonaro y de fabricantes de armas para garantizar su aprobación, según Globo.

Aunque Lula no ha prometido revertir radicalmente estos decretos, parece probable que lo haga. En un discurso de campaña pronunciado recientemente declaró que “no habrá decretos de armas en este país, habrá decretos de libros, habrá decretos para fortalecer la educación”. Sin embargo, tendrá que enfrentar al renovado cabildeo en favor de las armas en Brasil. Apoyada y asesorada por la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos (National Rifle Association, NRA), la organización ProArmas de Brasil ha acrecentado su influencia en el Congreso brasileño y tiene estrechas conexiones con la familia Bolsonaro, como se demostró en una reciente investigación de Vice.

Aunque reconoció que algunos se sintieron más seguros al poseer un arma, Lula declaró en septiembre que “antes […] los criminales le robaban a la policía, mataban para robar armas [...] Ahora el mentiroso [Bolsonaro] legalizó la venta de armamento, y quienes están comprando armas deben ser el PCC, debe ser el Comando Rojo”.

Durante su periodo en la presidencia, Lula emprendió acciones para controlar las ventas de armas de fuego. En 2004, su gobierno aprobó nuevas leyes que aumentaban la edad mínima para tener armas de 18 a 25, que requería el registro de armas con los ministerios de defensa y justicia, y prohibía el porte de armas en espacios públicos.

VEA TAMBIÉN: Cómo la COVID-19 replanteó el tráfico de cocaína y cannabis en Brasil

Bandas criminales

Las principales bandas criminales de Brasil son verdaderos actores internacionales en el tráfico de drogas. El PCC mantiene una relación productiva con la mafia italiana 'Ndrangheta, enviando toneladas de cocaína anualmente a través del Atlántico. La pandilla también ha llegado a dominar gran parte del panorama del narcotráfico y el sistema penitenciario de Paraguay. En el norte del país, el Comando Vermelho (CV) y el PCC continúan enfrentándose por el control de la cocaína proveniente de Bolivia, lo que ha causado decenas de homicidios.

Y además de su participación en el narcotráfico, las pandillas brasileñas juegan un papel crucial en los delitos ambientales en la Amazonía, que va desde la minería ilegal hasta la deforestación, pasando por el control del contrabando en las fronteras del sur del país.

Detenerlas es un asunto de urgencia internacional, y ambos candidatos lo harían de manera diferente.

Bolsonaro ha apoyado abiertamente las políticas policiales militarizadas, que han llevado a innumerables acusaciones de violaciones y han mostrado pocos resultados a largo plazo. Pero las emblemáticas políticas de seguridad de Lula tampoco lograron controlar el crimen organizado, y él no ha presentado un plan integral para hacer frente al panorama criminal, que ha evolucionado en los últimos años. 

La retórica de Lula contra las bandas criminales, aunque no tan vehemente como la de Bolsonaro, elogió de manera repetida las acciones policiales que llevaron a numerosas muertes en las favelas. En 2010, Lula ordenó que la policía ingresara a algunos de los barrios marginales más grandes de Río de Janeiro, declarando que “ganaremos esta guerra”.

Un informe de Human Rights Watch en 2009, en el que se analiza la brutalidad de la policía de Brasil, señala que “entre la policía de Río y São Paulo han matado a más de 11.000 personas desde 2003”, año en que Lula llegó al poder. Dicho informe constata, a nivel tanto estatal como federal, el agobio de los investigadores criminales, así como una cultura generalizada de impunidad en las fuerzas policiales, e intentos fragmentarios ineficientes por parte de las autoridades para resolver el problema.

Por otro lado, una de las políticas de seguridad emblemáticas de Lula fue la creación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), las cuales establecieron bases semipermanentes dentro de los barrios violentos, principalmente en Río de Janeiro, con énfasis en la policía comunitaria, la construcción de relaciones y la mejora de los servicios públicos.

Los resultados de dicho programa fueron diversos. Un exhaustivo informe del Banco Mundial sobre la labor de las UPP señala quejas por acciones violentas y mala conducta por un lado, así como historias de bondad y generosidad por el otro. Se descubrió que algunos oficiales eran jóvenes e inexpertos, mientras que otros eran corruptos y ladrones, pero más pacientes y serviciales. Como InSight Crime ha informado, las UPP ensayaron tácticas innovadoras, como priorizar la reducción de la violencia en lugar de la aplicación de las leyes, o advertir sobre las redadas con anticipación, de manera que las pandillas pudieran irse y así evitar confrontaciones.

“La pacificación demostró que se puede reducir la violencia”, dijo Benjamin Lessing, experto de la Universidad de Chicago y autor de un libro sobre la reducción de las guerras contra las drogas, en comunicación con InSight Crime en 2018. “Se puede convencer a los narcotraficantes, al menos por un tiempo, para que depongan las armas”.

La magnitud del proyecto comenzó a ser un problema. Cuando el programa de las UPP se expandió, los recursos se agotaron, lo que dificultó la difusión de sus valores de pacificación fundamentales. No está claro si Lula los volvería a implementar como eran originalmente, pero sí ha dicho que quisiera reformar la manera como la policía trata a los ciudadanos de las áreas pobres.

Bolsonaro nunca valoró las UPP, y afirmaba que era más eficiente la presencia del ejército en las favelas.

Si bien Lula adoptó una estrategia mixta en su lucha contra las pandillas, en caso de que regrese al poder encontrará un escenario más desafiante.

Poco después de asumir el cargo, Bolsonaro le dio luz verde a la policía para implementar tácticas de "disparar a matar". Desde entonces, se ha documentado una larga serie de abusos de poder.

Los asesinatos por parte de la policía han seguido aumentando, y llegaron a un récord de 1.810 en Río en 2019, aunque tuvieron una tendencia a la baja durante la pandemia de COVID-19. Y si bien la policía militar había sido durante mucho tiempo el principal ejecutor de justicia rápida, los asesinatos llevados a cabo por la policía civil y la policía de carreteras se han disparado.

Con frecuencia se han visto helicópteros de la policía sobrevolando las favelas, en ocasiones haciendo disparos desde arriba e hiriendo a los transeúntes. Las presuntas redadas para expulsar a las pandillas, especialmente al Comando Vermelho, han desencadenado una carnicería que ha llevado a que los presuntos pandilleros sean perseguidos y abaleados, a veces mientras iban desarmados.

Dichos abusos ocurrieron mientras Lula ocupaba la presidencia, y no está claro de qué manera él podría comenzar a cambiar ese tipo de prácticas. Varios estados y municipios brasileños han recorrido un largo camino de programas de reforma policial, los cuales han contribuido a la reducción de la tasa de homicidios de Brasil y podrían ser inspiradores para un posible gobierno de Lula.

Las milicias, aunque estuvieron presentes durante la administración Lula, han cambiado la dinámica de la violencia de las pandillas en todo el país. Compuestas en su mayor parte por policías retirados y en servicio, guardias de prisiones y bomberos, dichas milicias han llegado a controlar en gran parte los servicios públicos en las principales ciudades del país. Hay pruebas sólidas de que las milicias se benefician de las redadas en las favelas, pues se fortalecen cuando las bandas de narcotraficantes rivales son debilitadas. Y sus supuestas conexiones con la familia Bolsonaro y sus aliados políticos no han hecho más que aumentar los temores por su fortalecimiento. Sin embargo, las milicias cuentan con un argumento poderoso: una seguridad relativa. Entre 2016 y 2019, poco menos del tres por ciento de los tiroteos policiales en Río tuvieron lugar en territorio de milicias, en comparación con el 57 por ciento en áreas controladas por el CV.

Detener el poder de las milicias será un gran reto para Lula, en caso de que resulte victorioso en las urnas.

Drogas

A pesar de la disminución en la cantidad de drogas incautadas en el país durante la pandemia, Brasil sigue siendo de lejos el mayor consumidor de cocaína, marihuana y drogas sintéticas en América Latina, así como un eje del puente de la cocaína hacia Europa. Comparte fronteras con los tres principales países productores de cocaína, Bolivia, Colombia y Perú, así como con Paraguay, un gran productor de marihuana.

La importancia de Brasil en el tráfico mundial de drogas ha aumentado constantemente en los últimos años. El puerto de Santos, cerca de São Paulo, se ha reafirmado como quizá el principal punto de salida de cocaína hacia Europa. Las bandas de narcotraficantes brasileñas continúan comprando toneladas de cocaína procedente de Bolivia y Paraguay, y la impronta internacional de pandillas como el PCC continúa creciendo.

Sin embargo, Bolsonaro no parece particularmente preocupado.

Al principio de su presidencia, Bolsonaro adoptó una línea de mano dura contra las drogas. En lugar de tratar la adicción como un problema de salud, firmó una ley antidrogas que exigía que los consumidores buscaran tratamiento, incluso en centros de rehabilitación privados o religiosos. La ley también permitía que los familiares o los funcionarios públicos recomendaran que los adictos fueran llevados a recibir tratamiento, incluso en contra de su voluntad, y endureció las sentencias para los narcotraficantes, pasando de un mínimo de cinco años de prisión a ocho.

Esta estrategia fue criticada porque impedía que los tratamientos basados en criterios de salud se popularizaran cada vez más en todo el mundo.

Aparte de eso, el presidente no ha hecho nuevas propuestas. Las sangrientas incursiones en las favelas han continuado, el hacinamiento y los abusos siguen siendo habituales en las cárceles, y algunos grandes narcotraficantes han sido arrestados.

En contraste, no está claro cuánta energía dedicaría Lula a detener el tráfico de drogas. En esta campaña ha reflexionado sobre el cambio de la ley antidrogas del país con el fin de reducir las penas de prisión y el hacinamiento en las cárceles. El expresidente también podría contradecir la postura de Bolsonaro sobre los drogadictos y volver a implementar un enfoque basado en la atención médica.

Aparte de eso, no ha expresado ningún plan para detener a las pandillas o colaborar con los países vecinos para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de drogas. Durante su campaña, Bolsonaro ha utilizado la amenaza de que su contrincante legalizará las drogas en Brasil, pero no hay evidencia de que Lula esté a favor de eso.

Sin embargo, hay mucho que hacer en este sentido. Si Lula gana, tendrá de su lado una ola de buena voluntad que podría conducir a una colaboración significativa. Al norte, el presidente Gustavo Petro, de Colombia, se ha embarcado en una cruzada ambiciosa y genuina para hacer las paces con las bandas criminales y cambiar la dinámica del tráfico de cocaína. Al oeste, Paraguay está recurriendo al apoyo y la inteligencia de Brasil para arremeter contra la criminalidad, aunque el PCC continúa expandiéndose. Y al sur, Uruguay está lidiando con la preocupante sofisticación de las bandas narcotraficantes, cuyos cabecillas están buscando inspiración en las estructuras criminales brasileñas.

La lucha contra el tráfico de drogas es, necesariamente, un desafío transitorio que requiere soluciones transnacionales. Un gobierno brasileño decidido a reformar la manera como se les trata a los drogadictos, la forma como se castiga a los narcotraficantes y los métodos de compra y venta de estupefacientes podría ser transformadora.

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