El Ministerio Público de Honduras ha ayudado a capturar a algunos de los criminales más poderosos del país y a expropiar sus activos, desestabilizando al mundo del hampa, pero la dependencia del gobierno en la extradición plantea interrogantes sobre el impacto de estas acciones en el largo plazo.
El 27 de febrero, el Ministerio Público emitió un comunicado sobre la denominada “Operación Titán” cuyo objetivo era la familia de apellido Montes Bobadilla que había estado traficando drogas desde principios de este siglo por el noreste del país, en conjunto con la organización criminal Los Cachiros, actualmente desmantelada, y otras agrupaciones.
El fiscal general trabajó con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para confiscar 40 propiedades de la familia. Sin embargo, no se efectuaron arrestos. Cuando InSight Crime indagó acerca de si existían cargos contra los miembros de la familia en Honduras, el Ministerio Público señaló que, de ser capturados, muy probablemente serían juzgados en Estados Unidos, luego de ser extraditados.
#MP pone en marcha #OperaciónTitán y asegura bienes a familiares del extinto narcotraficante Adán Montes Bobadilla https://t.co/M54YtcESEE pic.twitter.com/q6d4xI0Qdu
— Ministerio Público (@MP_Honduras) February 27, 2017
La decisión de no levantar cargos contra los miembros de la familia en Honduras es comprensible, dado que todos los cargos que existan contra algún hondureño deben ser resueltos antes de que pueda ser extraditado. Y, según el comunicado, el patriarca familiar, Adán Montes Bobadilla, había sido detenido en Honduras en el año 2003, pero había escapado de su arresto domiciliario; luego fue arrestado de nuevo en Colombia en 2007, y otra vez se le dio casa por cárcel, en la que permaneció hasta su muerte en el año 2014.
Aunque es comprensible, la decisión de enviar a los capturados de la familia Montes Bobadilla para que sean enjuiciados en Estados Unidos permite identificar un problema que existe en Honduras: ¿En qué momento hacer uso del sistema de justicia de Estados Unidos para lidiar con los grandes narcotraficantes dejó de estar al servicio de los intereses hondureños?
Esta pregunta no se refiere sólo a Honduras. Colombia, Guatemala y México han estado extraditando narcotraficantes para que sean juzgados en Estados Unidos. Y aunque a corto plazo esto les sirve a los gobiernos para evitar que los poderosos criminales puedan seguir haciendo negocios ilícitos desde las cárceles, los resultados judiciales en Estados Unidos a menudo han dejado un sabor amargo y han generado muchos cuestionamientos acerca de la utilidad de la medida en el largo plazo, a pesar de las limitaciones institucionales al interior de estos países.
Tras los capos
Desde que el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla asumió el cargo en septiembre de 2013, el Ministerio Público ha realizado 43 operaciones contra grupos criminales y organizaciones narcotraficantes, según un reciente informe del Ministerio Público (vea el informe abajo). El documento comienza diciendo que los “históricos y contundentes golpes contra las estructuras criminales” han sido obtenidos mediante esfuerzos conjuntos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), así como de unidades especiales antinarcóticos y diversos fiscales.
Dos de las principales organizaciones narcotraficantes de Honduras, Los Valles y Los Cachiros, recibieron duros golpes después de que sus activos les fueron confiscados y varios de sus principales miembros fueron capturados. De hecho, una de las primeras operaciones exitosas bajo la dirección de Chinchilla se realizó contra Los Cachiros. En septiembre de 2013, las autoridades confiscaron 117 propiedades que presuntamente habían sido adquiridas con dineros del narcotráfico; las autoridades señalan que los activos del grupo ascienden a los US$500 millones. Los hermanos que dirigían el grupo criminal se entregaron más tarde a la justicia estadounidense.
En 2015, las autoridades hondureñas decomisaron 116 propiedades de Juan Gómez Meléndez, un exgobernador y exdiputado acusado de actuar como testaferro del grupo criminal. (Gómez fue asesinado pocos días antes de que Los Cachiros se entregaran a las autoridades estadounidenses.)
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En el caso de Los Valles, el informe del Ministerio Público dice que las autoridades les confiscaron 72 propiedades y 10 empresas en el año 2014. Los tres hermanos que dirigían la organización fueron detenidos, y dos de ellos fueron extraditados ese mismo año a Estados Unidos. El informe también subraya el hecho de que las confiscaciones comenzaron antes de que los tres hermanos fueran incluidos en la Lista de Capos (“Kingpin List”) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Dos años más tarde, durante una operación contra “nuevas células del cartel [de Los Valles]” en septiembre de 2016, las autoridades arrestaron al hijo de uno de los hermanos encarcelados en Estados Unidos. El menor —sospechoso de haber tomado el liderazgo de la organización tras los arrestos de 2014— fue liberado por un juez, pero, según el informe, una apelación presentada por el Ministerio Público llevó a que se revocara esta decisión y se emitiera una nueva orden de arresto. Sin embargo, el joven sigue en libertad.
Otras estructuras criminales que trabajaron como subcontratistas o socios de estas dos grandes organizaciones narcotraficantes, como el clan Zelaya y “Los Pintos“, también han sufrido una serie de expropiaciones en los últimos tres años.
Las autoridades hondureñas han logrado además detener a varios importantes criminales, entre ellos José Miguel “Chepe” Handal, quien se había postulado para el congreso y fue arrestado en 2015, “El Negro Lobo”, quien en 2014 se convirtió en el primer hondureño en ser extraditado del país, y Wilter Ruíz Blanco, líder del Cartel del Atlántico que fue detenido en Costa Rica como parte de una operación internacional.
Antes de que Chinchilla llegara a ser fiscal general, había poca o ninguna acción contra estas organizaciones criminales. Como lo describimos en nuestra serie sobre élites y crimen organizado en Honduras, estos grupos dominaban grandes franjas del territorio, codeándose con los políticos y las élites económicas, y ayudando a generar las fortunas políticas y económicas de miles de personas —o quizá de millones—.
Los logros del fiscal son particularmente loables, teniendo en cuenta la influencia que ejercen los poderosos grupos criminales del país y su infiltración en las instituciones del Estado. Dichos grupos no son blancos fáciles, y su desaparición afecta regiones enteras, por lo que la decisión de ir tras ellos trae consecuencias físicas, políticas y económicas —quizá la principal consecuencia para un país pobre como Honduras—. Esta es la tarea que ha asumido el fiscal general Chinchilla, y es lo que casi le ha costado su trabajo.
La creación de la ATIC y la reestructuración de la DLCN durante la administración de Chinchilla fueron otras de las medidas importantes tomadas por el fiscal general y sus seguidores. La ATIC consta de 275 agentes que han recibido entrenamiento en investigaciones científicas.
En el caso de Orlán Arturo Chávez, la ATIC está empleando esos entrenamientos recientemente adquiridos. Chávez, exdirector de la unidad contra lavado de dinero adscrita a el Ministerio Público, fue asesinado en abril de 2013. En febrero de este año, utilizando evidencias científicas, la ATIC pudo relacionar a tres policías con dicho asesinato. A dos de los sospechosos ya se les ordenó prisión preventiva; el tercero se encuentra encarcelado por un caso diferente.
La mayor debilidad
Los detractores del Ministerio Público dicen que los golpes dados a los grandes criminales se deben, en muchas ocasiones, a que se logra evadir la debilidad del poder judicial de Honduras —y la posibilidad de que esta debilidad institucional ponga en riesgo la longevidad de cualquier intento de reforma—.
Como señala la introducción del informe del Ministerio Público, varias de estas operaciones fueron el resultado de la cooperación internacional, y muchos de los grandes criminales están actualmente encarcelados en Estados Unidos, o podrían ser extraditados.
De hecho, desde 2014, dieciocho hondureños han sido extraditados a Estados Unidos. Al menos ocho de ellos eran dirigentes o socios de la organización criminal Valle Valle, lo cual indica el grado en que el proceso de extradición ha diezmado a los dirigentes del grupo.
La cooperación internacional es una clara estrategia a la hora de intentar derrocar a los grupos que tienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Otros países, en particular Colombia, han recurrido a ella para acorralar a los grupos criminales grandes y peligrosos.
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Pero el proceso de extradición entre Honduras y Estados Unidos, que se implementó en 2012, ha adquirido un papel significativo —y tal vez excesivo— en la lucha del país centroamericano contra los narcotraficantes.
Chinchilla ha defendido el uso de la extradición por parte del gobierno, señalando que la institución que él dirige “también ha levantado acusaciones contra importantes narcotraficantes, lo que significa que la extradición no es el único método utilizado para luchar contra ellos, y que también hay procedimientos y sentencias en Honduras”. El fiscal general mencionó el caso de José Miguel “Chepe” Handal Pérez, que fue condenado en Honduras y está a la espera de una sentencia, y el de los Valle Valle, que los podría llevar a cumplir condenas en Estados Unidos y en Honduras.
“Legalmente hablando, pueden cumplir sentencias aquí y luego allá, o viceversa”, dijo. “De hecho, los Valles [tres de los cuales están siendo actualmente enjuiciados en Estados Unidos] también tienen una orden de captura aquí en Honduras”.
Sin embargo, informes recientes indican que cinco miembros de rango medio de la organización Valle Valle también están esperando ser extraditados, como sus tres hermanos, a Estados Unidos —una señal más de que el Ministerio Público todavía desconfía del sistema judicial hondureño—.
Extradiciones y ayuda estadounidense: un arma de doble filo
En octubre de 2015, Estados Unidos lanzó una acusación formal contra varios miembros de los Rosenthal, una familia de la élite hondureña con poder político y económico. Los cargos de lavado de dinero se basaban en sospechas de que el Banco Continental, propiedad de los Rosenthal, fue utilizado para lavar dinero proveniente de los negocios de drogas de Los Cachiros, así como de algunos esquemas de corrupción que no fueron especificados.
Las autoridades de Honduras no levantaron cargos contra ninguno de los Rosenthal, pero, con base exclusivamente en las acusaciones de Estados Unidos, liquidaron el mencionado banco. Miles de personas perdieron sus puestos de trabajo, pues el efecto dominó de esta medida se sintió en la sede de los Rosenthal, San Pedro Sula, y sus alrededores.
La acusación en Estados Unidos sirvió para enviarles un mensaje a las élites, pero la pérdida de empleos lesionó un nervio político en Honduras. El mismo efecto dominó se produjo tras el desmantelamiento de Los Cachiros y Los Valle Valle.
Las autoridades hondureñas están preocupadas por los resultados de estos procesos judiciales en Estados Unidos. Dos de los acusados de la familia Rosenthal, Yani y Yankel Rosenthal, están en libertad bajo fianza hasta el momento en que se produzca su juicio. Un tercer acusado en este caso, Andrés Acosta García, abogado de la familia Rosenthal, también se encuentra en libertad bajo fianza y ha solicitado una declaración de culpabilidad, lo cual le podría permitir obtener una sentencia más leve.
Se cree que los miembros de Los Cachiros también están cooperando con las autoridades estadounidenses, así como cinco policías que fueron extraditados el año pasado, uno de los cuales está implicado en el asesinato de Chávez, el exdirector de la unidad contra el lavado de dinero. Es muy probable que los resultados de estos casos sean sellados y que no queden disponibles públicamente. Los funcionarios de Estados Unidos aducen razones de seguridad para mantener la confidencialidad de estos casos, pero la falta de transparencia es frustrante para las autoridades hondureñas.
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Procesos similares se han realizado con los narcotraficantes de Colombia y Guatemala. El sistema de justicia de Estados Unidos recompensa la cooperación, y la rápida liberación de algunos de estos criminales extraditados suele sorprender a los gobiernos que los envían para que enfrenten sentencias, pero a los que luego no tienen acceso, una vez están en el sistema penal estadounidense.
Eso no quiere decir que Honduras podría enfrentar los casos de esos grandes narcotraficantes. Como InSight Crime lo ha señalado anteriormente, la frecuente dependencia en la extradición y de las acusaciones estadounidenses significa que todavía se desconfía de la capacidad del sistema de justicia hondureño para lidiar con estos criminales. Pero esta falta de confianza es entendible, dados los recurrentes errores del poder judicial hondureño, lo cual incluye ciertos casos judiciales mencionados por el informe del Ministerio Público.
Por ejemplo, según los informes, Wilter Ruíz Blanco fue detenido por autoridades hondureñas en septiembre de 2016, junto con tres de sus socios. Sin embargo, todos fueron liberados poco después, posiblemente con la ayuda de funcionarios.
El informe también menciona el caso de la exjueza Wendy Vanessa Caballero, condenada por recibir dineros de un soborno para absolver a un presunto narcotraficante. Como se mencionó anteriormente, incluso el hijo de uno de los miembros de la familia Valle, que actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos, fue sorprendentemente liberado por un juez, aunque tal decisión fue revocada después por medio de una apelación.
Parece que hasta que Honduras no tenga un sistema judicial completamente funcional, seguirá dependiendo desproporcionadamente del arma de doble filo que significa el apoyo de Estados Unidos y tendrá que aceptar las consecuencias —financieras y morales— que éste conlleva. Esta dependencia conlleva el riesgo de enmascarar las debilidades institucionales hondureñas, al crear la imagen de que se ha juzgado efectivamente a los grandes criminales y a sus organizaciones.
*Este artículo hace parte de una serie sobre la reforma judicial y policial en Honduras. Ha sido actualizado con respecto a la versión original publicada con información proporcionada por Dan Alder, exeditor de InSight Crime.