Cuando el presidente colombiano Iván Duque anunció su nuevo plan de seguridad, le aseguró a la prensa que “no debía confundirse con la guerra”. No obstante, a la hora de la verdad, esa diferencia parece tener poca importancia.
El plan, dado a conocer este mes, dice que el gobierno colombiano no negociará “ceses bilaterales al fuego” al tratar con lo que llama Grupos Armados Organizados (GAO). En esta clasificación entran la guerrilla, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN); exparamilitares, como Los Urabeños, o Clan del Golfo; y los vestigios de esos grupos. El factor común a todos ellos es su actividad narcotraficante y otras al margen de la ley.
Las fuerzas de seguridad buscarán “la desarticulación” de estos grupos para imposibilitar la formación de nuevas estructuras criminales, según reza el documento, llamado Política de Defensa y Seguridad (PDS).
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Un segundo principio estipulado en el plan es la recuperación de la presencia institucional en todo el país. Con este fin, las fuerzas de seguridad se concentrarán en lo que se describe como Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). En dichas zonas se presentan altos índices de violencia y criminalidad, y están ubicadas en zonas pobres y remotas del país, ricas en recursos naturales. Dice también que el gobierno llevará servicios sociales a esos territorios, aunque el plan se extiende mucho más en la descripción de las intervenciones militares y policiales.
Las redes de participación cívica, que “prestarán apoyo a las fuerzas armadas”, están incluidas en esta estrategia para retomar zonas controladas por grupos criminales. Rafael Guarín, consejero de seguridad nacional de Duque, se apresuró a explicar que estas redes ciudadanas simplemente suministrarán información a las autoridades, y añadió que su arma “es un teléfono celular”. Ya se han registrado más de 800.000 colombianos con estas redes, informó El Tiempo.
Para combatir el crimen organizado transnacional, el plan pide colaboración en temas de seguridad con países vecinos y mayores capacidades de inteligencia, como la tecnología satelital para el control de las fronteras colombianas.
Análisis de InSight Crime
El plan de seguridad de Duque es belicoso, carente de detalles y un refrito de estrategias controversiales implementadas por sus predecesores, en particular su mentor político, Álvaro Uribe.
Uribe, presidente entre 2002 y 2010, y actualmente senador, fue el primero en designar unas zonas como objetivo de las fuerzas armadas. El sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos, presidente de 2010 a 2018, también apuntó a esas zonas rojas.
Sus administraciones usaron fondos del Plan Colombia, un programa de ayuda estadounidense por US$10 mil millones, con una duración de dos décadas que se destinaría a combatir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designadas narcoterroristas. El Plan Colombia suministró nuevo armamento al ejército y mejoró sus capacidades de inteligencia. Las fuerzas hicieron avances importantes en materia de seguridad, lo que incluyó el restablecimiento de la presencia militar en zonas olvidadas del país y la expulsión de grupos armados ilegales.
Pero las fuerzas de seguridad fueron blanco de críticas por la ejecución de civiles. En los primeros años de la década de 2000, varios jóvenes fueron secuestrados, asesinados y vestidos como combatientes para reportarlos como caídos en combate, en el escándalo que se conoció como falsos positivos. En 2015, los fiscales declararon que tenían abiertas investigaciones de casi 5.000 víctimas de esos falsos positivos.
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Del mismo modo, la red de participación cívica de Duque trae a la memoria las Convivir de Uribe, grupos de seguridad civil introducidos a mediados de los 90, presumiblemente para brindar apoyo a la lucha del estado contra el crimen y la violencia. InSight Crime informó en 2015 que esos grupos pasaron a convertirse en organizaciones criminales en la sombra y fachadas del movimiento paramilitar de derecha.
El infame legado de las Convivir, que se armaron con la venia del gobierno, bien puede ser la razón por la que el consejero de seguridad de Duque salió a aclarar de inmediato que la nueva red cívica no se armará, y solo actuarán como intermediarios con las autoridades.
Pero la prontitud con la que cientos de miles de colombianos se unieron al programa demuestra que la idea sigue teniendo acogida entre la población. Un número tan grande de informantes podría brindar información vital a las autoridades sobre zonas controladas por pandillas, como los sectores de las laderas de Medellín, donde hace poco los llamados combos redoblaron la matanza.
El plan también reconoce limitaciones de planes anteriores en la protección de los recursos naturales de la acción de los grupos criminales, que exhiben una participación cada vez mayor en el tráfico de tierras, la tala indiscriminada de bosques para despejar el terreno para el cultivo de coca y la minería aurífera ilegal, ambas con efectos devastadores sobre el medio ambiente. También revela que el gobierno reforzará sus iniciativas de protección a líderes sociales y comunitarios, que han sido carne de cañón con una frecuencia escalofriante en los últimos años.
Otras prioridades válidas del plan incluyen el direccionamiento de los recursos de inteligencia a las fronteras nacionales y la intensificación de la cooperación en seguridad con países vecinos. Grupos criminales de variada índole —ELN, disidencias de las FARC y narcotraficantes, como Los Urabeños— están usando a Ecuador y Venezuela como plataforma para los envíos de narcóticos de Colombia, minería de oro ilegal y otras economías ilícitas, como el contrabando de ganado y otros productos.
El plan de Duque también intenta enfrentar el cultivo récord de coca en Colombia, subiendo la meta anual de erradicación a 100.000 hectáreas. pero se concentra en las iniciativas de erradicación forzosa, como la fumigación aérea, al parecer a costa del programa de sustitución de cultivos, que se implementó en el marco del acuerdo de paz con las FARC.
El plan de Duque se acerca tanto a la visión de su mentor, que Uribe trazó en un plan de 2003, que El Espectador halló semejanzas en la redacción de ambos documentos. Ambos evitan a propósito la expresión “conflicto armado”.
Es diciente que la estrategia de seguridad de Duque se deslinda abiertamente de la de su predecesor. Santos negoció la paz con las FARC, y estuvo dispuesto a considerar un acuerdo similar con el ELN. El plan de Duque deja poca duda de que no habrá negociaciones de ese tipo bajo su tutela, al declarar ilegales los “ceses bilaterales al fuego” y afirmar que los grupos armados tienen una única salida: la “disolución” total de sus organizaciones.
Entre tanto, una paz débil pende de un hilo mientras aumentan las disidencias de las FARC. Y el ELN sigue expandiendo su presencia, engrosando sus economías criminales y en una confrontación directa con el estado.
El reciente carro bomba detonado por el grupo en una academia de policía de Bogotá devuelve a lo peor del sangriento pasado de Colombia —las campañas de Pablo Escobar, con la explosión de bombas, y la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M19. Con la suspensión de las negociaciones de paz, solo puede esperarse que se intensifiquen los ataques del ELN.
Para enfrentar las actuales amenazas de Colombia, sin embargo, lo que se necesita no es una vuelta al pasado, sino nuevas ideas.
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