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Las elecciones presidenciales en los dos países que se encuentran en el centro del comercio de drogas de Latinoamérica dieron pie a cambios significativos en 2018: los colombianos respondieron al auge de la cocaína en el país eligiendo al candidato que propone retomar las políticas de seguridad de línea dura, mientras que los mexicanos reaccionaron a los altos niveles de violencia eligiendo al que promete reducir la “guerra contra las drogas”.

Sin embargo, dadas las falencias de los planes de seguridad de las dos nuevas administraciones y la actual política exterior de Estados Unidos, que es más un comodín que un socio firme en materia de seguridad, estos divergentes caminos políticos podrían generar más inestabilidad en la región, lo que a su vez puede favorecer al crimen organizado.

El drástico cambio de dirección en Colombia

Colombia fue el primero de los dos países en celebrar comicios, los cuales se llevaron a cabo a mediados de junio de 2018, y en los que salió victorioso Iván Duque, candidato del partido de derecha Centro Democrático. El nuevo presidente hereda una inestable situación de seguridad, en la que los niveles récord de producción de cocaína coinciden con una violenta evolución de los grupos criminales.

La magnitud del reto al que se enfrenta Duque se hizo más evidente pocos días después de su victoria, cuando Estados Unidos publicó estimaciones según las cuales los cultivos de coca en Colombia aumentaron 11 por ciento en 2017, en comparación con el año anterior. Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), publicadas en el mes de septiembre, mostraron un aumento incluso mayor, del 17 por ciento, pues las estimaciones de producción de cocaína llegaron a un histórico nivel de casi 1.400 toneladas.

Para enfrentar la expansión aparentemente inexorable del cultivo de coca, Duque ha propuesto volver a implementar la fumigación aérea de los cultivos ilícitos. Las fumigaciones aéreas fueron uno de los pilares de la política antinarcóticos de la administración del padrino político de Duque, Álvaro Uribe, entre 2002 y 2010, pero la práctica fue suspendida en 2015 debido a que puede afectar la salud pública.

Duque ha prometido hacer que la sustitución de cultivos ilícitos sea obligatoria, y no voluntaria. Pero la historia de Colombia ha demostrado que la erradicación de los cultivos de drogas a gran escala permite a lo sumo obtener logros a corto plazo. A mediano plazo conduce a la dispersión de los cultivos de coca, en lugar de su erradicación, y en el largo plazo es insostenible, dado que no hace nada para cambiar las condiciones que incentivan el cultivo de coca.

Además del auge de la coca, Duque tendrá que lidiar con el deterioro del divisivo acuerdo de paz que se firmó en 2016 entre el Gobierno y los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A medida que más excombatientes de las FARC abandonan el proceso de desmovilización, y en tanto crecen las divisiones entre los exdirigentes de la guerrilla, los grupos de la mafia ex-FARC han irrumpido por todo el país, disputándose los antiguos territorios de las FARC con otros actores criminales.   

Durante su campaña electoral, Duque culpó de estas crisis al entonces presidente Juan Manuel Santos, y prometió resolverlas mediante duras políticas muy similares a las del expresidente Uribe, quien en los primeros años de este siglo llevó a Colombia por el camino de la militarización de la lucha contra el crimen organizado.

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Durante su campaña, Duque también hizo mucho énfasis en la necesidad de modificar los acuerdos con las FARC, a los cuales se han opuesto tajantemente Uribe y su partido del Centro Democrático desde que comenzaron las conversaciones de paz. Sin embargo, esto podría ser bastante contraproducente. Debilitar el acuerdo con las FARC podría aumentar las alarmantes tasas de abandono del proceso de paz entre los excombatientes, y a la vez promovería la expansión de la mafia de las ex-FARC, dado que muchos excombatientes regresarían al crimen.

El proceso de paz con las FARC no es el único al que Duque le debe prestar atención. El mandatario anunció además que redefiniría los términos de la negociación con el último grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pero la actitud intransigente del presidente hacia el ELN puede resultar contraproducente, pues llevaría a que las facciones guerrilleras regionales se retiren del proceso de paz y podría acabar por completo con el mismo. Dado que los guerrilleros están aprovechando la retirada de las FARC y la crisis venezolana para expandirse territorialmente y aumentar su participación en el comercio de drogas, la interrupción del proceso de paz en Colombia podría llevar a que la insurgencia aumente su poder y sus riquezas, y a que considere que el camino hacia la paz ha quedado bloqueado.

La encrucijada de México

Dos semanas después de la elección de Duque, México eligió al perenne candidato presidencial de izquierda, el populista Andrés Manuel López Obrador, más conocido por sus iniciales, AMLO. Los resultados de las elecciones en México aparentemente pusieron al país en un camino opuesto al de Colombia.

AMLO heredó una situación de seguridad que refleja uno de los principales fracasos del paradigma de la guerra contra las drogas, aún prevalente en el país. Desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón expandió el papel del ejército en la lucha contra el crimen, los grandes capos del hampa mexicano han sido capturados, y la mayoría de los poderosos carteles que anteriormente dominaron el narcotráfico ya son solo sombras de lo que alguna vez fueron. Pero las drogas continúan fluyendo y la violencia está alcanzando niveles récord una vez más, pues han surgido nuevos contendientes, más dispersos y fragmentados, que se han apoderado del negocio de los antiguos carteles.

Durante su campaña electoral, AMLO propuso una serie de políticas de lucha contra el crimen que representan una radical ruptura con las del pasado reciente. La concepción de seguridad del entrante presidente mexicano es mucho más progresista que la de Duque en Colombia, pero no carece de defectos. Quedan serias dudas acerca de si AMLO puede reunir los recursos y la voluntad política necesaria para implementar sus políticas predilectas.

Entre estas se encuentra la de retirar al ejército de la lucha contra el crimen organizado. También ha propuesto indultar a las personas dedicadas al microtráfico, y está considerando la despenalización de las drogas como parte de un movimiento que busca tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un delito.

Sin embargo, desde entonces, AMLO parece haber reconsiderado su posición sobre el rol del ejército en los operativos de seguridad pública. Su proyecto de presupuesto para 2019  tiene un considerable aumento del gasto militar, prevé la creación de una nueva Guardia Nacional y recorta los recursos de seguridad local y estatal. Esto pone al Ejército en el centro de los planes de AMLO para combatir el crimen organizado, especialmente porque las unidades de policía estatales y municipales de México cuentan en general con personal poco apto (eso sin mencionar la corrupción en su interior) para enfrentar a los violentos carteles sin la ayuda de las fuerzas armadas. De hecho, los Marines de México son quienes han llevado a cabo muchas de las principales detenciones de los miembros del crimen organizado en los últimos años.

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Otras de sus propuestas, como la despenalización del consumo de drogas y la amnistía para quienes han cometido delitos menores relacionados con drogas, requerirán una considerable voluntad política y apoyo popular. Y aunque se sabe que AMLO es populista, ha demostrado una y otra vez que tiene una vena pragmática que podría surgir ahora, especialmente tratándose de un asunto tan álgido como la seguridad. Además, su partido opera en una coalición relativamente frágil, en la que confluyen diversos intereses que tal vez no quieran invertir capital político en medidas que han demostrado ser fallidas.

También quedan dudas acerca del compromiso de AMLO con otro componente de su plataforma de campaña: la lucha contra la corrupción. Ha iniciado una disputa pública con jueces y fiscales para recortar sus salarios y presupuestos. El presidente electo ha rechazado las solicitudes de que el nuevo fiscal general sea elegido de manera imparcial, y al parecer está planeando elegir a dedo al próximo fiscal general del país. Los expertos independientes señalan que los fiscales generales que son nombrados por intereses políticos carecen de la independencia necesaria para adelantar las investigaciones de corrupción hasta sus últimas consecuencias, por lo que quedan dudas acerca de las promesas de AMLO de sanear la sucia política mexicana.

Direcciones opuestas, pero con un mismo obstáculo

Mientras Colombia retoma políticas de seguridad que ya habían sido implementadas anteriormente para abordar sus problemas de crimen organizado, México parece estar buscando experimentar nuevas estrategias. Pero ambos países tendrán el desafío de cooperar —o no— con la voluble administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La relación de Colombia con Estados Unidos fue tensa durante los últimos años de la presidencia de Santos, predecesor de Duque. Las tensiones crecieron el año pasado, cuando Trump amenazó con calificar a Colombia como un Estado que incumple sus obligaciones internacionales en materia antinarcóticos.

Sin embargo, por ahora la situación parece más positiva para Duque. Poco después de los comicios, el presidente electo visitó la ciudad de Washington, donde se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca para discutir temas de seguridad, como el auge de las drogas y la crisis en la vecina Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos bajo la administración Trump parece dispuesto a apoyar las políticas de seguridad de Duque —al menos retóricamente—. Pero será difícil convencer a Trump y a sus aliados de que respalden el enorme apoyo financiero y logístico que se requiere para impulsar las principales iniciativas de seguridad. Trump ha expresado su insatisfacción con el auge de la coca en Colombia, y ha abogado por grandes recortes a la ayuda de Estados Unidos para Colombia y otros países latinoamericanos.

A diferencia de la agenda de Duque, muchas de las posturas progresistas de AMLO van en sentido contrario de las concepciones de Trump. Sin embargo, eso no ha impedido que el entrante presidente mexicano busque el apoyo de Estados Unidos. En julio de este año, por ejemplo, AMLO publicó una carta que le había enviado a Trump, en la que pedía mayor cooperación en ciertos aspectos clave, entre ellos la seguridad.

Sin embargo, a pesar de algunos indicios superficiales de simpatía entre los dos políticos populistas, la volubilidad de Trump y la férrea personalidad de AMLO podrían dar pie a una conflictiva relación bilateral —especialmente en lo que respecta a la seguridad, que generará debates tan intensos como los que existen en áreas candentes como la migración y el comercio—.

Manejar las relaciones con el voluble presidente de Estados Unidos será una tarea difícil y permanente tanto para Duque como para AMLO. Pero lograr coherencia en las relaciones cotidianas en temas de seguridad y diplomacia puede resultar aún más difícil, dado que la presidencia de Trump ha dejado las instituciones de política exterior a la deriva.

El mejor ejemplo de esto último es el Departamento de Estado de Estados Unidos. El caótico reajuste y el abandono deliberado del Departamento por parte de la administración —así como el resultante éxodo masivo de personal experto— han dejado sin timón a la principal institución de la política exterior estadounidense. Tal parálisis podría afectar gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Mientras Colombia busca contener el auge de la cocaína con fallidas políticas del pasado, y México abre un nuevo capítulo en los viejos conflictos con los carteles, ambos países tendrán que lidiar con un socio importante pero errático que podría estropear incluso los planes mejor establecidos. Esta dinámica podría generar una falta de coordinación regional que resultaría benéfica para el crimen organizado.

Photo Illustration/Credit: AP Images

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