Perfil de Venezuela

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Venezuela es un país clave en el tránsito de cargamentos de drogas que salen de Colombia a Estados Unidos y Europa. Los grupos extranjeros, en particular los colombianos, tradicionalmente han controlado el tráfico de drogas en Venezuela, siendo atraídos por el débil estado de derecho y por la corrupción. Sin embargo, hay evidencia que indica que, a partir de la mitad de la primera década del siglo XXI, elementos corruptos en las fuerzas de seguridad intensificaron su papel en el negocio, formando una red informal denominada el “Cartel de los Soles“.

Los miembros corruptos de las fuerzas de seguridad también han sido los principales proveedores de armas para el mercado negro, en beneficio particularmente de los grupos guerrilleros colombianos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos grupos han establecido presencia en los estados venezolanos a lo largo de la frontera con Colombia, un centro para actividades criminales, donde también operan el grupo guerrillero venezolano FBL-FPLN. La trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de precursores químicos son otros problemas para las fuerzas de seguridad de Venezuela. Las ciudades venezolanas también tienen un gran problema con la delincuencia callejera y la guerra de pandillas urbanas. Caracas tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Geografía

Debido a los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, Venezuela se ha visto afectada por los problemas de seguridad de su vecino. Sus largas costas en el Caribe, selvas y sabanas poco pobladas, y la proximidad a otros puntos de tránsito del Caribe, como Puerto Rico, Trinidad y Tobago y República Dominicana, también han contribuido a convertir a Venezuela en una importante ruta de tráfico de narcóticos.

Historia

El contrabando de alcohol, esmeraldas colombianas y tabaco figuran entre los primeros comercios ilícitos en Venezuela. Otro lucrativo producto de contrabando  que sale de Venezuela es el que fue el “oro negro” del siglo XX: el petróleo . El combustible ahora es contrabandeado desde Venezuela hacia Colombia, y frecuentemente utiliza las mismas rutas que la cocaína, pero en la dirección opuesta.

Las dictaduras del general Juan Vicente Gómez (1908-1935) y del general Marcos Pérez Jiménez en la década de 1950 ayudaron a convertir a Venezuela en una de las sociedades más desiguales del mundo. Sus régimenes fueron corruptos y violentos, y a las clases altas se les permitió saquear el país, pero a estos líderes se les atribuye la construcción de la infraestructura de Venezuela. (Irónicamente, la calidad relativamente alta de esta infraestructura, que incluye carreteras y puertos, más tarde haría de Venezuela un país de tránsito atractivo para el tráfico de cocaína.) La desigualdad impulsó el surgimiento de movimientos guerrilleros violentos en los años sesenta. A finales de la década, muchos de estos grupos optaron por aceptar la amnistía ofrecida por el gobierno. Uno de los líderes de los rebeldes que se negó a deponer las armas, Douglas Bravo, mantuvo varias células guerrilleras en las ciudades y el campo. Más tarde se convertiría en asesor de los hermanos Chávez, Adán y Hugo.

Uno de los primeros grupos extranjeros del crimen organizado en establecer una importante presencia en Venezuela fue un clan de la Cosa Nostra de Italia. Miembros de las familias Cuntreta y Caruana se instalaron en Caracas como parte de una ola de inmigrantes italianos que se establecieron en Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 1980 y 1990, la familia Caruana se involucró en el tráfico de cocaína y heroína desde Colombia a Europa, a través de una conexión con el Cartel de Cali.

En la década de 1980, los carteles de la droga de Colombia se convirtieron en los mayores distribuidores mundiales de cocaína, marihuana y heroína, y Venezuela, inevitablemente, sintió el impacto. En un patrón que continuó durante las siguientes décadas, cada vez que Colombia toma medidas enérgicas contra los grupos de narcotraficantes, esos grupos responden trasladando más operaciones a Venezuela. La crisis económica que afectó a Venezuela en los años 1980, que casi llegó a duplicar el desempleo, también posibilitó la expansión del comercio de drogas en el país. La violencia en Colombia fue otro factor: los desplazados huyeron a través de la frontera, proporcionando más contactos en el país vecino para los traficantes colombianos.

Miembros de las fuerzas de seguridad activos y en retiro han participado desde los inicios mismos del tráfico de drogas en Venezuela. En 1983, un mayor de la reserva del ejército fue detenido con 667 kilos de cocaína en una avioneta, una de las mayores incautaciones que se habían presentado hasta esa fecha en Suramérica. A éste le siguieron otros casos: un mayor retirado detenido con 136 kilos de cocaína en 1984, y un general, quien era también el expresidente de la corte marcial del ejército, atrapado con 453 kilos en 1985.

El ejército no ha sido la única institución que se ha corrompido por el narcotráfico. En 1987, un congresista fue arrestado en el estado de Carabobo con un pequeño cargamento de cocaína en su auto. Incluso la Iglesia católica estuvo implicada, cuando un sacerdote fue arrestado por tráfico de cocaína en 1988. Ninguno de estos casos se trataba de organizaciones venezolanas de narcotráfico, sino de gente que trabajaba para los grupos colombianos. Sin embargo, incluso en las primeras etapas del narcotráfico en Venezuela, la cocaína se salía del país hacia el sur de Florida en barco o avión, cargados con cientos de kilos e incluso con cargamentos de varias toneladas.

La expansión del comercio de drogas se convirtió en un tema candente en las elecciones presidenciales de 1988. Un candidato presidencial, Vladimir Gessen, calificó a Venezuela como “el mayor punto de almacenamiento para las drogas colombianas dirigidas a Estados Unidos o Europa”. Fabio Ochoa, uno de los líderes de Cartel de Medellín, alguna vez insinuó que le había regalado un caballo de pura raza, avaluado en US$ 80.000, al futuro presidente Carlos Andrés Pérez. Según el traficante, Pérez se ofreció a ayudar en el rescate de la hija de Ochoa, quien había sido secuestrada por el grupo guerrillero colombiano M-19.

A comienzos de los años noventa, hubo señales de que el narcotráfico había penetrado en los organismos de seguridad de Venezuela y en la élite política de una manera más sistemática. En junio de 1991, el director de inteligencia militar fue destituido de su cargo después de que se descubrió su auto en la casa de un conocido narcotraficante. Ese mismo año, el exgobernador de Caracas, Adolfo Ramírez Torres, quien había supervisado los asuntos antinarcóticos del Ministerio del Interior, fue arrestado por cargos de tráfico de drogas. La corrupción se extendió incluso a la embajada de Venezuela en Washington DC, cuyo agregado militar adjunto fue detenido en una operación policial de la Administración para el Control de las Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) en 1992. En otro caso desconcertante, el presidente interino Ramón José Velásquez indultó a un narcotraficante del Cartel de Medellín en 1993, lo que permitió su salida de una cárcel venezolana.

Esos altos niveles de corrupción en las fuerzas de seguridad, la arena política y el poder judicial llegaron a ser un obstáculo importante para las investigaciones sobre el crimen organizado en Venezuela gobierno tras gobierno.

Con la creciente importancia de Venezuela como país de tránsito para los traficantes colombianos, el gobierno firmó en 1987 el primero de una serie de acuerdos de control de estupefacientes con el gobierno de Estados Unidos, según el cual Washington brindó capacitación y apoyo a las fuerzas de seguridad venezolanas. Pero algunas de estas ayudas han sido objeto de controversia: se supo que un programa antidrogas de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus iniciales en inglés) permitió la exportación de casi una tonelada de cocaína a Miami en 1991. El escándalo le hizo mucho daño al programa del la CIA dentro del país y afectó la confianza entre Estados Unidos y Venezuela en cuestiones de ayuda de drogas. Un general de la guardia nacional, quien trabajó con la CIA, Ramón Guillén Dávila, fue acusado años más tarde en Estados Unidos por narcotráfico, lo que constituyó el primer caso de un prominente funcionario de la guardia nacional en ser cómplice del crimen organizado.

Todo esto demuestra que el narcotráfico, la corrupción y los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado fueron serios problemas mucho antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia en 1999. Estados Unidos había declarado, en 1996 y 1997, que las acciones de Venezuela en la lucha contra las drogas habían sido insuficientes. En 2005, el gobierno de Chávez rompió su relación con las agencias policiales estadounidenses, incluyendo la DEA. Ese año, Estados Unidos nuevamente encontró que Venezuela había “fallado manifiestamente” en cumplir sus obligaciones para combatir el tráfico de drogas.

La postura de Chávez era totalmente opuesta a la de Colombia, que comenzó a confiar más y más en Estados Unidos para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el crimen. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, disminuiría el poder de los grupos rebeldes de las FARC y el ELN, pero llevó a las guerrillas a trasladarse a terrenos más seguros, en los estados fronterizos venezolanos como Apure, Zulia y Táchira.

Esto alimentó los rumores de que Chávez era complaciente con los rebeldes colombianos, y que les brindaba financiamiento y protección. Algunas de las declaraciones de Chávez alentaron tales creencias, como cuando dijo que las FARC “no es el enemigo” de Venezuela. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia criticaron la negativa de Venezuela a etiquetar a las FARC como una organización “terrorista”. Además de expresar su simpatía ideológica por los rebeldes, el gobierno persiguió a los pequeños grupos paramilitares en el occidente de Venezuela con mucha más energía que la que usó para perseguir a los guerrilleros. Las armas y municiones de los arsenales oficiales eran encontrados regularmente en las manos de los guerrilleros de las FARC y el ELN. La información que el gobierno colombiano dijo que había encontrado en los archivos de computadora del comandante guerrillero “Raúl Reyes” también apuntaba a una complicidad entre el gobierno de Chávez y las FARC.

A fines de la primera década del siglo XXI, los organismos internacionales advirtieron que una mayor cantidad de estupefacientes se estaba moviendo a través de Venezuela. Alrededor del 41 por ciento de los envíos de cocaína hacia Europa pasa a través de Venezuela, según un informe de 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). Otros incidentes, que involucran vuelos transatlánticos de drogas, también causaron preocupación, especialmente después de que los restos quemados de un Boeing 727 fueron encontrados en Malí en 2009, y que según funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) venía cargado con droga y había despegado de Venezuela.

Los vínculos del gobierno con el crimen organizado se han profundizado desde comienzos del siglo XXI. A mediados de la primera década del siglo, elementos de la Guardia Nacional y el ejército pasaron de aceptar sobornos a cambio de permitir el paso de cargamentos de droga, a almacenar y transportar cargamentos de droga ellos mismos. El narcotraficante Walid Makled, quien fue arrestado en Colombia en 2010 y extraditado a Venezuela, afirmó que los niveles más altos del gobierno de Chávez habían estado involucrados en el narcotráfico.

Venezuela continúa enfrentando una serie de graves problemas de seguridad. El poder judicial es politizado y está prácticamente incapacitado para realizar investigaciones independientes. El gobierno ha manipulado los casos judiciales por razones políticas, y algunos jueces y fiscales han sido destituidos por oponerse a los aliados de Chávez. La creciente falta de eficacia del gobierno para hacer cumplir la ley permite explicar por qué Venezuela tiene una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, se estima que en 2015 hubo una tasa de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las medidas de control de armas, implementadas por el gobierno de Chávez en su último mandato, parecen haber tenido poco efecto sobre los niveles de violencia. La delincuencia callejera y los secuestros también aumentaron dramáticamente durante la administración de Chávez. Otro problema es el sistema penitenciario, que es notoriamente violento, dado que muchos servicios son manejados por jefes criminales conocidos como “pranes”. Pese a la creación de un Ministerio para el Sistema Penitenciario en 2011, y a las promesas de reforma, más de 6.000 reclusos murieron en cárceles venezolanas entre 1999, cuando Chávez asumió el cargo, y 2014.

 

Después de la muerte de Chávez, a principios de marzo de 2013, el presidente Nicolás Maduro fue elegido en abril. El nuevo presidente se comprometió a hacer de la seguridad una prioridad de su administración. Poco después de la toma de posesión de Maduro, el gobierno apoyó la creación de una unidad especial de la policía de homicidios y el despliegue de las fuerzas armadas para combatir el crimen. El gobierno también anunció nuevos planes para combatir el contrabando de combustible en la región fronteriza con Colombia. Sin embargo, gran parte de la retórica de Maduro ha seguido la de su predecesor, lo que plantea interrogantes acerca de si va a abordar los asuntos de seguridad de Venezuela, como la corrupción y un sistema judicial politizado. Además, el estrecho margen de victoria de Maduro y el consiguiente caos, posterior a las elecciones en el país, ilustran una profunda división política en Venezuela. La caída de los precios del petróleo exacerbó las tensiones políticas y económicas en Venezuela, y en diciembre de 2015 la oposición obtuvo una resonante victoria en las elecciones de la Asamblea Nacional.

El presidente Maduro continua aferrándose al poder a pesar de tener una popularidad estancada debido a la crisis económica, escasez alimentaria y una inseguridad generalizada generada en parte por las decisiones tomadas por el gobierno de izquierda que heredó de Chávez. Venezuela no puede considerarse una democracia efectiva; muchos la consideran una dictadura, otros un estado fallido. Maduro ha manipulado el sistema político para bloquear todas las herramientas democráticas disponibles a la oposición para quitarlo del poder.

Los disturbios civiles y las protestas son probablemente la última opción que le queda a la oposición para forzar la salida de Maduro del poder antes de la siguiente elección presidencial en 2019. Sin embargo, Maduro se ha protegido por la Guardia Pretoriana creada por su predecesor, la cual esta conformada por el ejército, así como grupos armados irregulares como los colectivos y la Milicia Bolivariana, que solo le responde a la presidencia. Cómo reaccionará el ejército a las extensas protestas en contra del gobierno será fundamental para determinar el futuro social y político del paós. Pero los colectivos y sus híbridos, así como el FBL en Caracas y su versión armada en la frontera, el FPLN, prometen defender la revolución hasta su fin. El gobierno de Maduro ya ha amenazado con activar a los colectivos en contra de manifestantes de la oposición, y mientras las protestas en contra del gobierno incrementan, lo mismo pasa con la represión del Estado. También existe la posibilidad de que los grupos guerrilleros colombianos establecidos en Venezuela se conviertan en defensores armados de la revolución en caso de un extenso levantamiento en contra del gobierno.

Los niveles de criminalidad y violencia son ahora ahora tan graves en algunas partes de Venezuela que un toque de queda informal es establecido después de que anochece. Varios ciudadanos prefieren quedarse en casa antes de correr el riesgo de ser robados, secuestrados o asesinados en las calles. Los responsables de estos crímenes innumerables y son el perverso producto del declive económico y social de Venezuela. 

Grupos criminales

Venezuela ha sido escenario de la actividad de las organizaciones criminales de Colombia, Brasil y Europa. Los grupos guerrilleros colombianos de las FARC y el ELN utilizan los estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia como refugio. Venezuela también cuenta con organizaciones locales, como los funcionarios corruptos conocidos extraoficialmente como el Cartel de los Soles, y el grupo guerrillero de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL).

En los últimos años, también se ha visto la aparición de las llamadas “megabandas“, una nueva forma de crimen organizado que nacen del sistema penitenciario sobrepoblado y autogobernado, las cuales dominan amplios sectores del territorio venezolano y participan en actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión y minería ilegal de oro. Las megabandas son la ley de facto en varias franjas del territorio del país. Estos grupos también han estado involucrados en el aumento de la criminalidad a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia, incluido el contrabando, que también ha sido rentable para bandas criminales colombianas conocidas como BACRIM. Con experiencia como narcotraficantes locales, secuestradores y extorsionadores, son actores potenciales en el comercio transnacional de cocaína.

También hay una creciente evidencia de que grupos ideológicos como los colocetivos creados por Chávez se están criminalizando – algunos de ellos ahora extorsionan a las comunidades que debían de proteger, otros grupos más recientes que se formaron bajo la apariencia socialista de los colectivos cuando en realidad eran solamente entidades criminales.

Dado que Venezuela es un país de tránsito, muchas de las organizaciones criminales que tradicionalmente se han beneficiado del tráfico de drogas venezolano son colombianas. Es posible que organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa también hayan establecido células en Venezuela en los últimos años. Los venezolanos están principalmente involucrados en el transporte de los cargamentos de droga y en la logística, y se les paga por garantizar el paso seguro de los productos. Sin embargo, en los últimos años las organizaciones venezolanas han ido más allá del simple transporte de cargamentos de droga y ahora adquieren, almacenan y trafican por sí mismas.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas armadas venezolanas están conformadas por el ejército, la armada, la fuerza aérea, la guardia nacional y la milicia nacional. Hay evidencia de que facciones corruptas en todas estas instituciones, en particular en la guardia nacional y el ejército, están profundamente involucradas en el crimen organizado y el tráfico de cocaína. Las sanciones de Estados Unidos en contra de docenas de militares y funcionarios activos y retirados se remontan a 2008, y recientemente han llegado tan alto como el presidente Maduro y su vicepresidente.

El ex presidente Hugo Chávez supervisó la creación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en 2009, que desde entonces se ha expandido a una fuerza nacional y ha estado implicada en casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales. La policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), responsable de las investigaciones criminales, también han sido acusadas de participar en actividades delictivas, como la extorsión. El presupuesto de defensa de Venezuela aumentó de manera constante durante la presidencia de Hugo Chávez, y gran parte de los recursos se invirtieron en la adquisición de armamento. El sucesor de Chávez, Maduro, ha supervisado la creciente militarización de la policía y los abusos desenfrenados de las fuerzas de seguridad.

En 2015, Maduro lanzó una nueva iniciativa de seguridad policial conocida como “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), la cual ha estado relacionada repetidamente con masacres, asesinatos extrajudiciales, colusión con grupos criminales, y abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura y la detención ilegal.

Sistema judicial

En 2013, el sistema judicial de Venezuela fue clasificado como uno de los peores del mundo por el Proyecto Mundial de Justicia, que evaluó los países en cuanto a los factores relacionados con el estado de derecho, como la ausencia de corrupción, el acceso a los derechos fundamentales y la limitación de los poderes del gobierno. En relación con la imparcialidad de su sistema judicial y la vulnerabilidad a la corrupción, Venezuela también obtuvo malos puntajes.

Las anteriores reformas judiciales para agilizar la tramitación de los casos de la corte y aliviar la presión sobre el sobrecargado sistema penitenciario del país han demostrado tener carencias. Los acusados de crímenes todavía pueden esperar en la cárcel durante años antes de ir a juicio, un problema que se ve exacerbado porque casi el 75 por ciento de los jueces del país tienen nombramientos provisionales, lo que conduce a una parálisis judicial. El sistema judicial del país también se ha politizado, lo cual demora los procesos judiciales y conduce a resultados sesgados en función de las afiliaciones políticas.

A fines de 2017, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, una vez leal al régimen de Maduro, surgió como una abierta crítica de varias políticas gubernamentales, incluidos los abusos de la OLP. Ortega fue destituida de su cargo en agosto de 2017 y acusada por su reemplazo de dirigir una banda de extorsión, aunque alega que Maduro, dos ex vicepresidentes y otros altos funcionarios fueron los involucrados en actividades delictivas.

Prisiones

Venezuela tiene un sistema penitenciario notoriamente violento, dado que muchas instalaciones son dirigidas por jefes criminales conocidos como “pranes”. Los pranes están encargados de administrar el mercado negro de las prisiones y supervisar el orden interno entre los reclusos. Dentro de las cárceles, los presos suelen ejercer un control completo, y pueden obtener fácilmente armas y artículos de lujo como televisores, o hacer fiestas extravagantes. Los presos también pueden coordinar actividades ilegales fuera de los muros de la prisión, como el secuestro, la extorsión y el microtráfico. Los intentos de reforma de las prisiones buscan tener un impacto significativo, y los disturbios o tomas armadas de las cárceles por los internos (durante los cuales los empleados de la prisión pueden ser rehenes) son frecuentes. Estos enfrentamientos violentos han llevado en algunos casos a la creación de fosas comunes dentro de las cárceles.

Varias de las megabandas surgieron del sistema penitenciario venezolano y de si estructura jerárquica de “pranes”. Algunas de las pandillas en las calles son controladas por pranes en prisión.

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