Nicaragua ha sido uno de los países menos violentos de América Latina y el Caribe. Aunque en el país existen algunas pandillas locales y al menos una organización criminal transnacional, no ha experimentado las altas tasas de homicidios que sufren sus vecinos centroamericanos.
Sin embargo, los traficantes han aprovechado las extensas costas de Nicaragua en el Caribe y el Pacífico, así como sus islas, para transportar drogas por el país, a veces con la ayuda de funcionarios corruptos. Además, la inestabilidad generada por el descontento con el actual presidente Daniel Ortega —quien ha estado en el poder desde el año 2006— podría afectar la dinámica criminal en el futuro.
Geografía
Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, pero es el segundo con menos densidad poblacional después de Belice. Con cerca de 500 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico y el mar Caribe, y con islas que sirven como convenientes escalas, el país les ofrece a los narcotraficantes ventajas geográficas similares a las del resto de Centroamérica.
En 2012, un fallo de la Corte Internacional de Justicia le concedió a Nicaragua territorios marítimos que antes pertenecían a Colombia. Estos territorios se encuentran frente a las costas de la isla colombiana de San Andrés, un importante centro de tráfico.
Las grandes reservas forestales del país han sido explotadas para la tala ilegal.
Historia
Nicaragua obtuvo su independencia en 1838. Su primer medio siglo de existencia se caracterizó por conflictos internos entre diversas élites y por la intervención de potencias extranjeras. A principios del siglo XX, Estados Unidos intervino en varias ocasiones en Nicaragua, incluso militarmente.
Durante gran parte de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó la violenta dinastía política iniciada por Anastasio Somoza García, lo que ayudó a afianzar la sospecha de la influencia estadounidense y llevó a la consolidación de los grupos guerrilleros de izquierda en el país, liderados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las guerrillas reclutaron fácilmente nicaragüenses de la población pobre y de clase media, y finalmente consiguieron derrocar al hijo de Somoza, quien ejercía como presidente, en 1979. En la década de los ochenta comenzaron a surgir las fuerzas antisandinistas, muchas de ellas secretamente financiadas por Estados Unidos. La guerra entre los «contras» y los sandinistas se extendió por toda la década.
La actual situación de seguridad en Nicaragua es resultado, en parte, del legado del conflicto entre contras y sandinistas. Por ejemplo, ha habido actividad de grupos de contras en las dos regiones más afectadas actualmente por el tráfico de drogas, las regiones autónomas del Atlántico Norte y Atlántico Sur.
Además, durante el conflicto, muchos migrantes nicaragüenses se establecieron en la vecina Costa Rica y en el estado de Florida, Estados Unidos, a diferencia de los refugiados de El Salvador y Guatemala durante la época de la Guerra Fría, que tendían a emigrar a Los Ángeles. Esta ciudad fue una incubadora de muchas pandillas, y Estados Unidos devolvió muchos menos delincuentes nicaragüenses a su país de origen, en comparación con El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto permite explicar por qué en estos tres países se establecieron células de la MS13 y Barrio 18, mientras que Nicaragua, por el contrario, no experimentó la expansión de estas pandillas en la misma medida.
El conflicto entre contras y sandinistas terminó gracias a negociaciones que llevaron a un acuerdo y permitieron celebrar elecciones en 1990. El resultado de dichas elecciones sorprendió a muchos analistas, pues en ellas fue derrotado el candidato presidencial de los sandinistas, el jefe de Estado Daniel Ortega, un incondicional y leal miembro del FSLN.
Los gobiernos que se sucedieron en los noventa y en los primeros años del nuevo siglo tuvieron que enfrentar el legado del conflicto, lo que incluía el resurgimiento de los grupos guerrilleros; sin embargo, lograron tomar algunas medidas para fortalecer las instituciones e integrar el país al orden mundial posterior a la Guerra Fría.
Después de una serie de fallidos intentos, Ortega finalmente ganó la presidencia en las elecciones de 2006, a pesar de las denuncias de que tenía vínculos con narcotraficantes como Pablo Escobar. En los primeros años de su administración, Ortega optó por estrategias tradicionales para combatir el tráfico de drogas, como la interceptación de cargamentos de droga, e incluso cooperó estrechamente con Estados Unidos en dichas estrategias. Sin embargo, debido a las debilidades institucionales y a la politización del sistema de justicia, Nicaragua continuó siendo un punto de transbordo de drogas.
Ortega fue reelegido en 2011 y continuó dirigiendo las instituciones de Nicaragua a su gusto. El país continuó persiguiendo activamente a los narcotraficantes, pero en ocasiones recurriendo a métodos cuestionables. Por ejemplo, a los funcionarios se les permitía tomar fondos y propiedades que les habían sido incautados a los presuntos delincuentes y utilizarlos para su beneficio personal; además, el nombramiento, en 2012, de un general del ejército como director de una unidad contra el lavado de dinero, generó el temor de que el organismo sería utilizado para atacar a los opositores políticos. En 2014, el Congreso le otorgó a Ortega una autoridad significativamente mayor sobre la policía.
Los niveles de violencia se mantuvieron relativamente estables, y la tasa de homicidios nacional subió ligeramente, pasando de 13 por cada 100.000 habitantes al inicio del mandato de Ortega, a 14 por 100.000 en 2009, para luego descender a menos de 9 por 100.000 en 2013. Sin embargo, dado que la costa Caribe cobró mayor importancia para el tráfico internacional de drogas, la violencia en esta zona se mantuvo en niveles altos en comparación con el resto del país.
La dinámica criminal en la costa, y los indicios de corrupción, llevaron a algunos observadores a cuestionar si la lucha del gobierno contra el narcotráfico estaba siendo tan efectiva como se afirmaba. También surgieron algunos informes que señalaban que la agrupación mexicana Cartel de Sinaloa había establecido presencia en el país.
El otro problema de seguridad tenía que ver con el surgimiento de grupos de disidentes fieles a la ideología de los contras, que aparecían de vez en cuando y lanzaban ataques contra el gobierno de Ortega. Pero ninguno de estos grupos ha llegado a ser los suficientemente grande u organizado como para ser considerado una verdadera amenaza.
Ortega fue reelegido otra vez en el año 2016, lo que le ha permitido afianzar su control sobre las instituciones nicaragüenses. La falta de transparencia dificulta evaluar los verdaderos niveles de criminalidad, pero no ha habido ninguna evidencia sólida de que desde entonces se hayan presentado grandes cambios en la criminalidad. Sin embargo, las declaraciones de las autoridades sobre el éxito de sus estrategias de lucha contra la criminalidad han tropezado con cierto escepticismo.
En 2018, en el país estallaron grandes protestas contra el gobierno de Ortega, y las autoridades respondieron agresivamente ante las manifestaciones. Los grupos denominados «parapoliciales» jugaron un papel importante en la represión de las protestas, lo que generó temores de que pudieran unirse a los criminales. Sin embargo, la situación no ha trascendido, y su impacto final en el hampa todavía no se ha observado.
Grupos Criminales
El Cartel de Sinaloa es la organización criminal transnacional más grande y poderosa que se cree que ha establecido presencia en Nicaragua. Ha habido informes de que Los Zetas y algunos grupos colombianos han utilizado a Nicaragua como punto de transbordo, pero hay pocos indicios de que hayan establecido presencia permanente en el país.
En los últimos años han surgido informes de la existencia de grupos armados locales, pero hay polémica en torno a la naturaleza de tales grupos. Algunos de estos grupos reclaman un estatus político y están liderados por exintegrantes de los contras, pero el Gobierno ha rechazado estas organizaciones, pues las considera grupos criminales vinculados con el narcotráfico.
Grupos conocidos como «tumbadores» han aprovechado el flujo de drogas a través de Nicaragua para robar cargamentos, a veces con la ayuda de funcionarios corruptos.
Los grupos criminales nicaragüenses también participan en el ecotráfico, lo que incluye la tala ilegal, el contrabando de animales y el robo de ganado. La corrupción ha permitido el tráfico de tierras, que está vinculado a algunas de estas actividades criminales.
Los grupos criminales también han contrabandeado productos farmacéuticos de Nicaragua, los cuales son revendidos en otros países centroamericanos.
Fuerzas de Seguridad
Nicaragua cuenta con unos 13.000 agentes en su ejército, que está conformado por una armada y una pequeña fuerza aérea. Estados Unidos considera que la armada nicaragüense es particularmente eficaz en cuanto a las incautaciones de drogas, y la reconoce como «uno de los organismos más eficaces de Centroamérica». El gasto militar de Nicaragua ha aumentado de manera drástica en los últimos años, llegando casi a US$72 millones en 2016, aproximadamente el 0,5 por ciento del PIB.
La policía nacional tiene delegaciones en los 19 departamentos de Nicaragua, así como subdelegaciones en los ocho distritos de Managua. La policía conduce programas de concientización y prevención del consumo de drogas, así como un programa de educación para prevenir el ingreso a las pandillas. Además, apoya organizaciones de vigilancia comunitaria, algunas de las cuales fueron implementadas durante el gobierno sandinista, y se considera que han permitido mantener niveles bajos de violencia en los barrios más pobres de Nicaragua. Sin embargo, varias denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales han empañado la reputación de esta figura en los últimos años, y también ha habido indicios de que la corrupción en la policía ha llegado a niveles más altos de lo que el Gobierno ha reconocido.
Sistema Judicial
La más alta instancia judicial de Nicaragua es la Corte Suprema. A esta le siguen las cortes locales y distritales y el Tribunal de Apelaciones. El país también cuenta con tribunales militares, encargados de enjuiciar los crímenes cometidos por la policía o las fuerzas armadas, o bien contra estas. En Nicaragua existe un Ministerio Público, que administra los casos criminales, así como una Procuraduría General de la República, que proporciona representación legal al gobierno.
El Gobierno de Ortega ha politizado gravemente el sistema de justicia. El Índice del Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por World Justice Project, clasifica a Nicaragua como uno de los países con más corrupción y uno de los sistemas de justicia criminal menos eficaces de América Latina y el Caribe.
Prisiones
Las cárceles de Nicaragua sufren de hacinamiento crónico y de frecuentes abusos. El sistema penitenciario sólo tiene capacidad para unos 5.000 reclusos, y hasta el 2010 la población permaneció con una cantidad estable que oscila entre 6.000 y 7.000. Sin embargo, desde entonces, la población carcelaria ha llegado a más de 10.000 reclusos, lo que genera malas condiciones. En 2016, el gobierno nicaragüense realizó el experimento de liberar a miles de presos que pagaban penas por delitos menores, una medida que recibió críticas por considerarse que no fue transparente y pudo haber implicado intromisión política, pero aun así permitió reducir el hacinamiento.